Vendieron parte de terreno con extensión alterada

Parte de uno de los terrenos cuya dimensión fue alterada por un exfuncionario de Derechos Reales fue vendido, por lo que los cargos en su contra podrían ampliarse, informó ayer el representante del Consejo de la Magistratura, Aldo Castro.

“Del primer caso de alteración de la superficie se tiene que ya se hubiera transferido 50 mil metros, cinco hectáreas, se presume que existen beneficiarios de esta modificación, por lo que los cargos contra el exfuncionario son incumplimiento de deberes, manipulación informática y uso indebido de influencias”, afirmó la autoridad.

Los 50 mil metros transferidos a un tercero corresponden al registro de un predio cuya superficie original era 240 metros cuadrados, fue modificada a 120 metros y luego a 120.000 metros cuadrados.

El segundo caso de alteración en el registro de superficie tiene que ver con un terreno que inicialmente medía 6.390 metros cuadrados y fue modificado a 6.690 metros, es decir 300 metros más con los que se beneficiaron.

Conocidos estos antecedentes, la audiencia cautelar que duró más de seis horas, librada por la juez Cuarto de Instrucción Penal, Melina Lima Nina, determinó la preventiva del exfuncionario informativo de Derechos Reales en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Este caso de corrupción se dio a conocer gracias al proceso de auditoría minuciosa que realizó el Consejo de la Magistratura Nacional, la pasada semana, en las oficinas de Derechos Reales del distrito de La Paz.

Wilson C. fue remitido al centro carcelario imputado por los delitos de manipulación informática, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. La Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales.

“Como Consejo de la Magistratura, hemos aportado abundante prueba con relación a los dos hechos que hemos denunciado acerca de la modificación de datos en dos partidas, una en Achocalla y otra en la ciudad de El Alto”, refirió.

Dentro de las investigaciones se presentó la lista de testigos que incluye a los dueños de los predios comprometidos, presuntamente beneficiados, quienes también serán convocados a declarar.