Ordenaron baja de oficiales por posibles narcovínculos

El coronel Gonzalo Medina Sánchez y el capitán Fernando Moreira Morón, ambos investigados por un posible nexo con Pedro Montenegro Paz, acusado de narcotráfico, fueron dados de baja de la Policía Boliviana de forma definitiva, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

También dijo que se instruyó la reestructuración de todas las unidades del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y se determinó que los efectivos que tengan cuatro o más años en alguna dependencia serán reubicados a nuevos destinos.

“El criterio para la rotación de personal policial será el de la permanencia no mayor a cuatro años con destino en Santa Cruz. El Comando Nacional de la Policía Boliviana debe elaborar una nueva orden de destinos, reubicando a todo el personal policial de la guarnición de Santa Cruz que se encuentre con una temporalidad igual o mayor a los cuatro años”, sentenció.

La investigación administrativa también se amplió al coronel Erik O., el teniente Wilder R. y la sargento Yaneth A. Las gestiones de hace cuatro años, también serán indagadas.

Ante estas determinaciones, anoche en Santa Cruz hubo molestia de la tropa policial que fue exteriorizada mediante una representación ante el Comando Departamental.

También, el escándalo por narcovínculos en la Policía tiene repercusiones en el ámbito político porque ayer salieron líderes opositores a realizar declaraciones.

Las pesquisas preliminares confirman que un perseguido por narcotráfico estuvo en dos actos oficiales de la Policía y que incluso fue condecorado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen cruceña y aunque en la responsabilidad también se ve envuelta la Interpol o el mismo Órgano Judicial.

En opinión del senador y candidato a la Presidencia por “Bolivia dice No” Oscar Ortiz “el hecho es muy grave y sospechoso”, por cuando el Gobierno tiene la obligación de explicar la engorrosa situación.

Para el expresidente y candidato de “Comunidad Ciudadana” Carlos Mesa el escándalo creciente pone a la Policía Boliviana en “un estado descomposición terminal por la injerencia política del Gobierno”.

La oposición pide –una vez más– la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

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