Nicaragua
> Las madres de algunos de algunos de los reos dijeron estar desgastadas física, mental y económicamente, mientras sus hijos están “secuestrados por el régimen totalitario”.
Managua.- Los familiares de los “presos políticos” de Nicaragua exigieron ayer al Gobierno que cumpla con liberar a los manifestantes encarcelados en medio de la crisis sociopolítica local, por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
“Estamos demandando la liberación de todos nuestros familiares, ya no queremos que pasen ahí ni un día más, que el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados con la (opositora) Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, dijo la periodista Verónica Chávez, la esposa del dueño del canal de televisión 100 % Noticias, Miguel Mora, preso desde diciembre pasado.
Los familiares de los 809 presos, conforme la lista de la Alianza, de los cuales 36 están en celdas de máxima seguridad y 3 bajo medidas limitadas, no aceptaron el argumento del canciller Denis Moncada, de que el Gobierno tiene hasta el 20 de junio próximo para liberarlos, conforme prometió en marzo pasado.
“A todos se les olvida que ellos prometieron una calendarización, que los iban a ir sacando poco a poco, según fueran cotejando las lista, ya las listas están cotejadas, ¿qué es lo que atrasa, dónde está la buena voluntad, o es acaso maldad o venganza?”, cuestionó Chávez.
Las madres de algunos de algunos de los reos dijeron estar desgastadas física, mental y económicamente, mientras sus hijos están “secuestrados por el régimen totalitario”.
“Las madres estamos en un estado agónico, no podemos seguir dependiendo de la voluntad del Gobierno, son seres humanos que están en juego, no son mercancía, merecen respeto”, dijo Juana de la Rosa Lesage, madre de tres jóvenes capturados en julio pasado por interpretar canciones contra Ortega.
El padre del líder estudiantil Edwin Carcache, de nombre homónimo, afirmó que los “preso políticos” exigen que, mientras los liberan, “al menos los dejen” salir a los pasillos, acceder a medicinas, tomar sol, y
realizar llamadas telefónicas por las que sus familiares ya han pagado de forma adelantada a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.
Los familiares dijeron estar de acuerdo con los convictos, en demandar “firmeza” a la Alianza Cívica frente al Gobierno, que afirma que ha cumplido con los acuerdos firmados en las negociaciones que culminaron el 3 de abril pasado, entre ellos la liberación de los manifestantes presos, que hasta ahora no ha sido concretada.
La crisis de Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 568. El Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente la Alianza Cívica cuentan 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental. EFE
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