Implicados en tráfico de pacientes con detención domiciliaria

En la inspección ocular realizada ayer en la unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas para esclarecer el modus operandi de los imputados por tráfico de pacientes con cáncer y otras irregularidades, la fiscal asignada al caso Lupe Zabala, informó que los siete implicados se beneficiaron con detención domiciliaria.

La autoridad informó que actualmente el oncólogo A.Q. goza de detención domiciliaria a partir de diciembre pasado al igual que los demás imputados por tráfico de pacientes con cáncer.

A solicitud de la parte querellante se realizó la reconstrucción técnica ocular en la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas a donde fueron convocadas todas las partes implicadas.

En la inspección técnica ocular se verificó cual fue el andamiaje de los pacientes que solicitaban el servicio de oncología, la participación de todos los imputados, los montos de dinero que habrían cobrado de forma legal e ilegalmente.

Con la inspección se espera avanzar en el esclarecimiento del caso y conocer el modus operandi de las personas que participaron en el hecho de corrupción. Siete personas se vieron involucradas en la presenta causa.

En el caso de tráfico de pacientes se querelló el Hospital de Clínicas, la Caja Nacional de Salud (CNS) y el Ministerio de Salud. En el caso de las víctimas se tienen alrededor de tres víctimas del oncólogo A.Q.

En ese marco señaló que aún pueden seguir presentándose nuevas víctimas que podrían haber sido agraviadas.

Por su parte la abogada de una de las víctimas, Virginia Salgado, informó que se apelará para que el imputado A.Q. retorne a celdas de San Pedro, por los tres casos que acusan al galeno.

Señaló que existen dos pacientes más que se constituirán en parte querellante, “porque sufrieron los mismos vejámenes, maltratos del doctor A.Q.”, manifestó.

La abogada, señaló que aún pueden haber más implicados, se trataría de la enfermera V.P., quien aparentemente fue quien hizo desaparecer las historias clínicas de la víctima y M.C. (practicante), quien ingresaba a la sala y atendió a la víctima.

“No sabemos cómo está la salud de Teodosia Sonco, queremos que hagan aparecer la historia clínica que hicieron desaparecer de forma irregular”, dijo; agregó que a raíz de la denuncia la víctima fue amenazada incluso de muerte.

Una de las víctimas Teodosia Sonco, quien estuvo presente en la reconstrucción del caso, con lágrimas en los ojos pidió “sólo necesito que me entreguen mi informe médico y necesito que me devuelvan el dinero que pague, porque necesito para mi tratamiento”.

Detalló que el oncólogo A.Q. le cobró Bs 12.000, que canceló de forma dificultosa en cuatro pagos, primero logró cancelar Bs. 8.000, sin embargo el imputado le amenazaba con no entregarle su historia clínica, por lo que la paciente extremó esfuerzos para cancelar todo.

“He confiado en el doctor y él no me daba ni un recibo”, según relató los profesionales en Salud que le atendían no le dejaban hablar con el resto de los pacientes siempre la aislaban para que no se dé cuenta de la irregularidad.

Por falta de recursos económicos la víctima no puede continuar con su tratamiento de cáncer de vesícula y desconoce el estado en el que se encuentra.

Al finalizar la inspección, la fiscal informó que en el lapso de un mes se emitirá la resolución para que el caso se trate en un juzgado.

DRAMA EN PACIENTES

En mayo del año pasado se conoció el drama de dos pacientes, quienes revelaron un posible tráfico de enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas al Hospital Obrero, este último dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Las víctimas denunciaron e identificaron al médico A. Q. como el responsable del traslado ilegal y el cobro irregular, ya que trabajaba en ambos nosocomios.