Juez denunció amenazas por casos Anapol y Tersa

La juez Tercero Anticorrupción y Violencia, Claudia Castro, a cargo de los procesos penales por presuntos hechos de corrupción en la Academia Nacional de Policía (Anapol) y el que vincula al concejal Fabián Siñani, denunció ayer haber sido víctima de amenazas agresiones y verbales de personas interesadas en hacerle firmar resoluciones fuera de la norma.

“Voy a considerar apartarme de ambas causas debido a que he sido amenazada de muerte”, dijo ayer la juez tras remarcar que está solicitando garantías para su persona.

Castro fue quien envió a la cárcel a varios implicados del caso Anapol y denunció la desaparición de documentos. Asimismo, recientemente la misma autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria del concejal Fabián Siñani en el caso TERSA.

Refirió que el pasado jueves en la audiencia de Acción de Libertad de Siñani, fue agredida y amenazada por un grupo de choque encabezado por la abogada Zuleyka Lanza, vinculada a Eduardo León, que también tuvieron sus impases con la autoridad judicial.

“La abogada Zuleyka Lanza y un grupo de choque me han agredido físicamente, me han arrebatado el celular, me han amenazado de muerte incluso si voy a seguir conociendo el caso denominado Anapol o el caso seguido contra el señor Siñani”, manifestó.

Indicó que de no ser por la intervención de un secretario, la agresión había sido peor. Criticó que la Policía no haya actuado rápidamente y arrestado al grupo de choque.

Castro recordó que el día de la audiencia cautelar de Fabián Siñani, los fiscales del caso también denunciaron agresiones y amenazas.

“Estoy solicitando garantías para poder desarrollar mi labor, puesto que ya se me ha amenazado, incluso de muerte, y no por ser autoridad me encuentro exenta de ser madre de familia, de ser mujer”, sostuvo.

Dijo que no es la primera vez que sufre esas actitudes de parte de Lanza. Aseveró que esa abogada coordina con otro jurista, quien la hostigó indicando que es patrocinante de vocales y le armará procesos.

Aseveró que ese grupo actúa como “el Jhasmany Torrico de La Paz”, tratando de imponer resoluciones mediante la violencia.

La jueza anunció que presentará audios y fotografías a las autoridades competentes, para que tomen cartas en el asunto.

Agregó que, entre otras decisiones está analizando dejar el Órgano Judicial, porque no existen condiciones para que lleve adelante su trabajo.