Como es ya pan de cada día, otro caso de corrupción ha sido denunciado en otra dependencia del Estrado Plurinacional, en esta oportunidad en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad dependiente del Ministerio de Tierras. En efecto, una ex autoridad, encargada en forma especial de “limpiar” esa entidad, el ex Director de esa entidad, Carlos León, a tiempo de renunciar a esas funciones y retornar al cargo de viceministro de ese despacho, denunció que luego de una corta gestión procedió a una labor de anticorrupción y reestructuración del INRA.
Específicamente esa ex autoridad dijo que “sacamos al menos 150 funcionarios” y agregó que además “hay unos 100 procesos penales por tráfico de tierras”. Y el ministro Cocarico comentó, al mismo tiempo, que ¡“No vamos a negar que el INRA es una de las entidades señaladas con mayor índice de corrupción”!
El INRA fue creado por ley del gobierno de Sánchez de Lozada, en sustitución del Consejo de Reforma Agraria, con el objetivo de realizar el saneamiento de tierras en todo el país. La medida no progresó, y con el fin de reanudarla, el gobierno de Evo Morales rectificó esa disposición legal bajo el nombre de Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, que debía cumplir también como objetivo central el saneamiento de tierras.
El saneamiento debió realizarse en inicialmente cinco años, con un costo de unos 50 millones de dólares, pero la medida no se cumplió, debiendo prolongarse hasta el presente con gastos cercanos a los mil millones de dólares.
Durante la gestión del gobierno de Morales Ayma, que dura casi quince años, esa dependencia se dedicó principalmente a “sanear” tierras en el oriente del país, sin haber llegado a progresarse en las zonas del altiplano y los valles, donde se ha hecho, sin embargo, algunos avances.
Se esperaba que en la actual gestión se podría poner fin a ese proceso, pero el objetivo no pudo ser alcanzado por el sucesivo cambio de su Director, hecho que causó notable desorden administrativo en la entidad, al que ahora se agregan las denuncias de inmoralidad funcionaria, corrupción masiva y organización anacrónica. Pero lo más notable de este caso de corrupción es que la denuncia señala que tiene carácter masivo y ya no de tipo individual, como estuvo ocurriendo al presente, hecho que el ministro Cocarico deberá aclarar en una información parlamentaria para la que ha sido citado.
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