Planes de seguridad para la sociedad

La sociedad en su conjunto no ha perdido la sensación de vivir con inseguridad, de mantenerse alerta por diferentes casos que son conocidos mediante los medios de información. Esa sensación solo puede ser reducida si se constata la presencia de servidores públicos policiales de forma permanente en las calles, pero además que se defina planes estructurales.

Si bien un solo plan diseñado y aplicado por una instancia no dará los resultados que la población espera, por ser la inseguridad un problema estructural, que no se resuelve solo con la aprehensión y encierro de los delincuentes y la ejecución de un debido proceso.

La comisión de un delito, por lo general, responde a factores de índole no solo económico, sino moral, ético. Por ello las instituciones establecidas de un Estado, como son la familia, escuela, juntas vecinales, colegios, universidades y otros ámbitos, deben incluir contenidos humanos para lograr que la persona, profesional o empleada, no elija el delito como modo de vida o medio para obtener ingresos económicos.

En muchos operativos realizados en diferentes ciudades y presentados ante la opinión pública, se verifica que el rostro de la delincuencia dejó de ser solo de los varones, personas adultas o con rostros marcados. En el presente siglo ahora vemos rostros cada vez más jóvenes, de ambos sexos, en edades de producción. Por ello, en vez de robar cartelas, celulares, equipos u otros, estas fuerzas de trabajo físico e intelectual deberían estar en empresas, fábricas, industrias y no llenando las cárceles, de donde tampoco saldrán con otra opción.

En cuanto al índice criminal de los últimos cinco años en el país, se identificó que en 2013 hubo 4.383 casos de robo, 2014 con 3.629 casos, 2015 con 3.077 denuncias, 2016 con 3.187 casos atendidos y en la pasada gestión con 3.162 denuncias.

Cabe afirmar que en el primer semestre de la presente gestión, las denuncias por robo y robo agravado llegan a 8.500 casos, de los cuales el departamento de Santa Cruz registra 3.500 casos y La Paz con 995 denuncias, seguidas de Cochabamba con 858 casos, Beni con 862 casos, Chuquisaca con 762 denuncias y los demás departamentos con menos de 600 hechos.

Por estos datos es urgente definir procesos no solo acelerados, sino que permitan reducir la carga procesal y por ende la calificación de sentencia directa a más del 80% de privados de libertad en centros penitenciarios, donde la detención preventiva no es más una excepción, sino una norma continua, pero con el riesgo de que en poco tiempo esas personas no solo reincidan en la comisión de delitos, sino en libertad logren paralizar los procesos penales, buscando que las víctimas no sigan con procesos legales.

Lo cierto es que en Latinoamérica, sobre todo en Perú, Brasil y Bolivia, se observa que cada vez se trata más de los denominados clanes familiares, aspecto que aleja la posibilidad de reinserción, cuando a partir del primer núcleo primario, la familia, surge este tipo de conductas que generan riesgo para la seguridad de la población.

Ante ellos es importante que los planes de Seguridad Ciudadana sean atendidos de forma estructural y mostrando resultados en beneficio de la sociedad.