Corrupción política en Bolivia

La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia.

La corrupción también es definida como “toda violación y/o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo”.

Las formas de corrupción, como las que se dan en Bolivia, y efectuadas por el actual gobierno, varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de sobornos, tráfico de influencias, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, nepotismo, impunidad, despotismo, contrabando con connotaciones policiales y en altas esferas del propio gobierno. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el narcotráfico, denunciado públicamente por responsables de la supuesta lucha que, aparentemente, sería encubierta, y el lavado de dinero.

Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que han estructurado verdaderas roscas, núcleos en torno a circunstanciales ejecutivos que se dedican a aprovechar los recursos del Estado, principalmente de las empresas llamadas estratégicas, manejadas discrecionalmente, para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En muchos casos, la policía, los fiscales deben mantener la discreción sobre a quién arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. Si la transparencia de las cuentas públicas, adquisiciones, concesiones y similares, es reducida o incluso inexistente, estamos más expuestos a estas acciones. Pero si además los medios, en gran medida controlados en la información, no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven coartados en la posibilidad de hacerlo o simplemente manipulados, el proceso de corrupción es más complicado de erradicar y juzgar.

Siguiendo a Max Weber, se puede decir que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por el antiguo régimen y el mundo democrático, es que en el antiguo régimen ese ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes que se dicen democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación.

Por otro lado, resultan útiles las aseveraciones de Theobald, quien, además de definir la corrupción como “el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal”, intuye que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso -en el mundo industrial- a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficiencia. Sin embargo, los lazos familiares o de amistad aún perduran, con más presencia conforme se desciende en la pirámide burocrática; así se muestra en Bolivia. El pueblo está espantado por la expansión de ese mal.

Es demasiado tarde, si se pretende erradicar la corrupción, cuyos tentáculos abrazan como tenazas al gobierno.