Una alianza estratégica para producir biodiésel, ¿a costa de qué?, ¿para qué?

II

El análisis anterior nos lleva a indagar los motivos por los cuales los empresarios cruceños habrían cerrado filas con el gobierno para apostar a este emprendimiento. Me atrevo a sugerir los siguientes. Para empezar, que éste podría representar uno de los negocios más lucrativos para el empresariado oriental de los que podamos tener memoria y, para concluir, que tendría riesgo igual a cero.

Efectivamente, lo más probable es que se cree algún mecanismo financiero que permita a los empresarios incorporarse en el programa, usando como garantía el mercado cautivo doméstico creado por el propio gobierno a partir de la obligatoriedad del consumo del nuevo combustible tanto por el transporte público masivo de las principales urbes bolivianas como por el transporte pesado interdepartamental e internacional, sin dejar de lado la maquinaria pesada de la propia agroindustria cruceña. Atrás quedarían asimismo las inconveniencias de tener que lidiar con el mercado externo y los precios internacionales de la soya de exportación debido a que toda la comercialización del producto sería interna; o las plagas o sequías, por cuanto se les sería permitido introducir semilla transgénica capaz de enfrentar con éxito ambas eventualidades.

Sería absurdo pensar, sin embargo, que la alianza estratégica del gobierno con el empresariado cruceño se circunscribe al simple deseo de lucro de los emprendedores agroindustriales y/o al supuesto beneficio de producir más alimentos. En realidad, se podría agregar a todo ello un efecto multiplicador derivado de la producción de 100 millones de litros de aceite de soya en la economía local, en términos de generación de empleo en el campo y la agroindustria, así como en términos de dinamización del transporte, las comunicaciones y la hotelería (entre otros servicios), aspectos sobre los cuales el gerente del IBCE no ha dicho mucho, pero que, a los ojos del ciudadano de pie, representaría una apuesta decidida del gobierno al crecimiento de Santa Cruz.

En este contexto, no parece difícil asumir que detrás de esta alianza estratégica existiría una manifiesta motivación política de cara a las próximas elecciones nacionales. Cabe preguntarse, de todos modos, si el consorcio conformado por el gobierno y los agroindustriales cruceños estará dispuesto en un futuro no muy lejano a rendir cuentas al país y al mundo por el daño ambiental irreversible que estaría a punto de perpetrar.

En el cierre, la población cruceña y el país todo no deberían quedarse con la idea dicotómica de que aquí se trata de ejecutar este proyecto o no recibir nada de parte del gobierno por cuanto podría haber una alternativa, con tantos o más réditos políticos para el gobierno y beneficios para la población en general, aunque, claro, quizás en desmedro del sector empresarial de la región más pujante de Bolivia. Me refiero a la negociación de un acuerdo de moratoria de la deforestación de las 250.000 hectáreas de selvas tropicales en Santa Cruz, a cambio de una compensación monetaria de parte de algún país consciente del daño ambiental que se podría ocasionar de no adoptarse ninguna medida.

Es el camino que habría recorrido Brasil entre 2008 y 2015 y que estarían siguiendo al presente Indonesia, Perú, Guyana y Liberia en el marco de sendos acuerdos suscritos desde 2008 y 2010, respectivamente, con Noruega (6). Según el informe del WRI, citado anteriormente, Brasil (7) se ubica en el primer lugar de los países que perdieron bosques tropicales primarios en 2018, seguido de la República Democrática del Congo, Indonesia, Colombia, Bolivia, Malasia y Perú. Se sabe que en 2015, el país europeo completó el pago de 1.000 millones de dólares al Brasil y que en febrero de este año anunció que realizará el primer pago a Indonesia en el marco de un compromiso por el mismo monto total compensatorio (8).

6) Véase: https://www.reuters.com/article/us-climatechange-amazon-norway-idUSKCN0RF1P520150915.

7) Véase la referencia en el pie de página 6.

8) Véase: https://www.globalcitizen.org/en/content/norway-payments-indonesia-cutting-forest-emissions/.

El autor es economista.