Sin solución el grave problema de cárceles

Cuantas veces hay cambios en los mandos policiales y, sobre todo en la Dirección de Régimen Carcelario, surgen declaraciones y propósitos sobre lo que “se debe hacer con las cárceles del país”. Se emite declaraciones de toda laya, pero en la realidad nada se cumple y las cárceles adolecen de problemas cada vez mayores: hacinamiento, corrupción, desacato a las autoridades, venta y alquiler de celdas, problemas de salud, carencia de sistemas educativos y de rehabilitación, etc., etc.

El problema data de muchas décadas y ningún gobierno ha podido remediar situaciones álgidas existentes y que comprometen seriamente la vida de los presos y hasta de familiares que conviven con ellos. Casi hubo coincidencia de aceptación en muchos gobiernos sobre la posibilidad de vender todo lo que está en la Plaza de San Pedro en La Paz, previa construcción de una cárcel modelo en otro sitio. Luego licitar la venta de lo que es el Panóptico Nacional y con el producto de esa venta, construir centros comerciales, estacionamientos para automotores, centros médicos, oficinas de diferentes especialidades y muchas dependencias que en tres o cuatro plantas podrían caber y funcionar perfectamente.

Todo lo construido licitarlo y darlo en alquiler con miras a que las rentas que todo ello signifique sirvan para conformar un fondo para cancelar los créditos que se contraiga -créditos destinados a la construcción del sistema carcelario-; luego, una vez pagadas las deudas, todo ese dinero serviría para construir recintos en otros sitios del país, dotarlos de lo necesario y otorgarles presupuestos para su mantenimiento; en otras palabras, con lo que se haga con la pignoración del Panóptico Nacional se podría salvar todo el problema y se contaría realmente con cárceles modelo.

El “gran centro” abierto en la plaza de San Pedro sería totalmente rentable; pero toda la administración del nuevo sistema entregarlo, mediante licitación, a una organización privada civil, sin intervención alguna de policías o militares. El personal que se requiera tendría que ser entrenado debidamente y los sistemas de control deberían ser muy estrictos para evitar que la corrupción haga estragos.

Policías o Fuerzas Armadas solamente tendrían labor de vigilancia y nunca de administración de locales y bienes; en otras palabras, labores de vigilancia, resguardo de instalaciones, infraestructura carcelaria y otros que no impliquen administración y manejo de presupuestos que estarían a cargo de grupos especializados de la Policía. El problema carcelario tendrá, en lo inmediato, solución con lo que se anuncia: “nuevos recintos construidos en Oruro, otro en Potosí y otro en Uyuni”; es de esperar que, efectivamente, cuenten con la infraestructura precisa para evitar los yerros que actualmente son motivo de conflictos y corrupción.

El grave problema, si se quiere, puede ser corregido en el mediano y largo plazo y todo depende de la decisión política para llevarlo a cabo y no contentarse con nuevas intenciones y declaraciones.