Institucionalidad antes que reformas económicas

La batalla para que se dé el giro de las democracias latinoamericanas hacia su restitución se operará desde distintos flancos de ataque. Uno de ellos será, imprescindiblemente, el de la economía. Pero antes se tendrá que tomar en cuenta otros criterios de tipo público, como la información, la depuración de funcionarios en el seno de las instituciones, la educación y la justicia. La economía -a nivel macro y micro-, con ser uno de los factores decisivos de la democracia de los años ulteriores y una de las claves para permitir su resurgimiento, tendrá que ceñirse antes al cambio de otros criterios de tipo más bien social y político.

Es sabido por los economistas, y en realidad por todo ciudadano, que los procesos de cambio brusco de lógica económica son traumáticos y descansan su peso sobre la espalda de los más humildes, y pese a que los gobiernos que implementan este tipo de reajustes tienen plena consciencia de ello, a veces las circunstancias demandan la ejecución de este tipo de medidas de shock. Sin embargo, como apunta el Nobel de economía Joseph E. Stiglitz en su libro El malestar en la globalización, “incluso si la mano invisible de Smith fuese relevante para los países más industrializados, sus condiciones no son satisfechas en los países subdesarrollados”. Y es que, dado que la economía de mercado demanda para su funcionamiento elementos de democracia como un buen flujo de informaciones y una competencia empresarial eficiente, sus principios no podrían ejecutarse en tanto no se cumplan ciertas condiciones con las que muchos de los países latinoamericanos de hoy no cuentan. El liberalismo económico, o la mano invisible de Smith, no funcionan de una forma tan fácil y automática como algunos suponen; requiere de una institucionalidad más o menos fuerte, por ejemplo, o de una sociedad en un determinado estado de nivel adquisitivo. En caso contrario, su ejecución degenera en crisis. La Argentina de Macri y el Brasil de Bolsonaro son la prueba de que ciertos ajustes económicos, hechos de formas no debidas y en tiempos no prudentes, degeneran en crisis, o al menos en desequilibrios o estancamientos. Como apunta Stiglitz, las catástrofes del liberalismo económico estuvieron, por lo general, originadas por un error en la secuencia de la implementación del mismo, o en la reforma de solamente unos aspectos para su ejecución, dejando de lado otros.

Por otra parte, la imperfección del modelo librecambista, además de haberse hecho patente en la Gran Depresión y en la situación desoladora de países avanzados que lo adoptaron y que luego se sumieron en la corrupción, fue corroborada, y por lo mismo rechazada, en países europeos muy desarrollados. Esta situación llevó a algunos teóricos -alemanes los más- a elaborar planes económicos que combinaban intervención estatal con economía de mercado. En otras palabras: la economía de mercado pero controlada con un criterio de justicia social. Y es probable que esos planes sean los más adecuados para las democracias de la América Latina de hoy en día.

Lo que ocurre es que un rabioso liberalismo económico haría que nos obcecáramos en el desconocimiento de los éxitos conseguidos por los gobierno de antes, como por ejemplo la movilidad social. Ahora bien; la recesión y el gasto fiscal originados por estos gobiernos populistas deben ser frenados en seco, pero con medidas prudentes, que no desemboquen en los problemas que viven ahora nuestros vecinos argentinos y brasileños.

Con todo, lo que debe venir primero, antes de dar cualquier viraje económico, es el restablecimiento de las instituciones, porque ¿de qué serviría un cambio en la lógica del movimiento de las arcas o en el manejo del dinero, si son las instituciones donde se operan estas acciones?

Lo que debemos hacer antes que nada, para que se restablezcan las perspectivas del bienestar material, es, siguiendo la exhortación bíblica, restablecer los elementos de orden moral y ético, como la justicia y la probidad pública, para que todo lo demás entre en su justo orden de por sí.

El autor es licenciado en Ciencias Políticas.