El pasado día miércoles 1 de mayo se conmemoró, en muchos países del mundo, el día del trabajo, o más bien del trabajador, pues en esa fecha, en el año 1886, se produjo en Chicago la masacre de trabajadores industriales que pedían mejores condiciones laborales, y la ejecución de sus dirigentes acusados de supuestos delitos.
Si bien Marx y Engels en 1948 hicieron conocer su manifiesto comunista, en el que plantearon que los obreros deberían tomar el poder e instaurar una dictadura de clase, fue la iglesia Católica, a través de algunos de sus sacerdotes, la que pidió mejores condiciones de trabajo, como el Barón Guillermo Manuel de Ketteler, Obispo de Mangucia, quien en 1860 fundó la primera organización social católica y en su programa de Catecismo Social planteó: salario justo y suficiente, prohibición al trabajo de los niños, descanso semanal, legislación social protectora del trabajador, intervención del Estado en los problemas sociales, etc. Otros, como los franceses Roberto de Lammenais y Felipe José Bucheri, pidieron que la iglesia debía ponerse al lado de los pobres y desposeídos y adoptar las ideas de la Revolución Francesa.
En nuestro país en la Constitución de 1938, en el gobierno de Germán Busch, denominada del constitucionalismo social, fueron constitucionalizadas algunas medidas a favor de los trabajadores. Más tarde, en el gobierno de Villarroel-MNR, se dictó una serie de importantes medidas sociales a favor de los obreros y empleados y se promovió la creación de organizaciones sindicales, como la Federación de Trabajadores Mineros y otras. En los gobiernos de la Revolución Nacional, los trabajadores co-gobernaron y las medidas sociales fueron innumerables. Lamentablemente, partidos de corte socialista-comunista derrocaron a Gualberto Villarroel y lo asesinaron y coadyuvaron al derrocamiento del último gobierno de la Revolución Nacional, instaurando regímenes conservadores y de militarismo autoritario que, por supuesto, reprimieron a los trabajadores.
En la actualidad nos gobierna, hace más de trece años, un régimen de gobierno populista, que fue favorecido con la elevación extraordinaria de los precios de las materias primas, como nunca antes, de tal suerte que el PIB subió de algo más de 8.000 millones de dólares a 30.000 millones de esa divisa, pero la situación del trabajo y empleo siguen en números rojos.
Según el Instituto Nal. de Estadística (INE), en 2014 el 60 % de la población económicamente activa estaba en el sector informal y según la encuesta permanente de empleo (ECE), el 67 % de la fuerza laboral está en esa situación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su estudio sobre: Economías Sombrías en el Mundo, sostiene que Bolivia tiene la economía informal más grande del mundo, con el 62.3 %, seguida por Zimbabue con el 60.6% y determina como resultado el débil estado de derecho.
Esta situación de nuestro país nos demuestra que la creación de fuentes de empleo, es decir de desarrollo laboral positivo, es una cuestión pendiente, pese a los millonarios recursos que ingresaron al tesoro público, calculado en más de 300.000 millones de dólares estos trece años y más de gobierno populista. Pese a que ha volcado importantes recursos a inversiones públicas, lamentablemente la mayoría con bajísimo retorno y escaso empleo o en actividades de poca importancia económica, como canchas de fútbol, sedes sindicales, obras de servicio que corresponden a los gobiernos municipales. etc., así como un elevadísimo nivel de gasto público. Es decir un “despilfarro” de recursos, que responde al interés electoralista para el “poder por siempre”.
Uno de los sectores más necesitados de empleo es el de las nuevas generaciones de profesionales (entre 25 y 35 años de edad), que al concluir su formación universitaria no encuentran trabajo, lo que importa una inversión del Estado en su formación, para que se dediquen a actividades distintas, en el sector informal o emigren al exterior, lo mismo pasa con la fuerza laboral femenina, terriblemente depauperada.
La actividad informal importa que los trabajadores, que en términos reales está en alrededor del 70% de la fuerza laboral, carecen de aguinaldo, menos aun del doble, seguro social de corto y largo plazo, así como asistencia de salud y jubilación, ingreso seguro, etc., y como consecuencia su economía familiar es de subsistencia, con una calidad de empleo o actividad bajísima, es decir de pobreza, lo que señala que el Estado Plurinacional está lejos de ser justo.
El autor es Politólogo y Abogado.
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