Condiciones para invertir en Bolivia

¿Existen condiciones en Bolivia para atraer la inversión extranjera? El pasado 25 de abril se llevó a cabo un conversatorio en Madrid donde el gobierno -a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, y de su colega de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce- expuso los alcances del actual modelo económico boliviano. En la oportunidad, dichas autoridades destacaron las condiciones favorables que el modelo ofrece a los inversionistas extranjeros. Esta afirmación merece un detallado análisis.

En primera instancia, es importante identificar con claridad los aspectos de una economía que un inversionista analizará para invertir o no en ella. Se trata de las reglas de juego que existen en el país. Desde la perspectiva económica, dichas reglas son concebidas como instituciones. Entre las principales instituciones que deben ser analizadas se encuentran los derechos de propiedad y las políticas de regulación. Es fácil para el lector comprender que derechos de propiedad más afianzados pueden llevar a un inversionista a invertir en el país, puesto que ve menos riesgo de perder sus inversiones. Por otro lado, políticas de regulación apropiadas -no es lo mismo que ausencia de regulación- que promuevan el desarrollo del sector privado también incentivan al inversionista a operar en el país.

Para el análisis de ambos aspectos en Bolivia, se recurrirá a indicadores institucionales correspondientes a dos fuentes. La primera se trata de los indicadores de gobernanza que fueron desarrollados por los economistas Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, datos ampliamente difundidos por el Banco Mundial. Los indicadores son estimados con base en encuestas realizadas a empresas, ciudadanos y expertos en el tema. El índice oscila entre -2,5 (peor desempeño) y 2,5 (mejor desempeño). La segunda fuente corresponde a la fundación Heritage, que mide la libertad económica en un país a través de datos recabados de catorce organismos, tanto nacionales como internacionales. La escala del indicador se encuentra entre 0 (peor desempeño) y 100 (mejor desempeño). Asimismo, es importante mencionar que se contrastará los promedios de dos períodos de igual duración, 1996-2005 y 2006-2015, para asegurar la validez del análisis.

En el caso de derechos de propiedad, se puede examinar este aspecto mediante el índice de estado de derecho correspondiente a los indicadores de gobernanza. Además de dichos derechos, el indicador mencionado refleja el grado de cumplimiento de contratos. El índice alcanzó el promedio de -0.41 en el período 1996-2005. En contraste, el promedio para la década 2006-2015 llegó apenas a -1. Si bien en el primer período de análisis, el desempeño referente a derechos de propiedad y cumplimiento de contratos no era de los mejores, empeoró durante el segundo período. Esta variable disminuyó en casi 150 por ciento. Para confirmar dicho deterioro, se analizó una variable similar correspondiente a la fundación Heritage; se trata del índice de derechos de propiedad. En la década 1996-2005, dicho indicador alcanzó un promedio de 44, mientras que, en el segundo período estudiado, llegó a 16,5. Con dicha variable también se advierte un empeoramiento del 63 por ciento. No cabe duda que los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos sufrieron un gran retroceso en los últimos años.

La situación de las políticas de regulación no es diferente. Con base en el indicador de gobernanza correspondiente a calidad regulatoria, se encontró que el empeoramiento en este índice entre ambos períodos de estudio fue de casi 1.300 por ciento. Mientras que en el período 1996-2005, el promedio alcanzó -0,06; en la década posterior, 2006-2015, apenas llegó a -0.85. El empeoramiento en las políticas de regulación es mayor en comparación con el caso de derechos de propiedad. Aunque la fundación Heritage no cuenta con un índice que manifieste exclusivamente el estado de las políticas de regulación, existe un indicador similar, referente a la libertad para invertir. Dicho indicador disminuyó en 75 por ciento entre las dos décadas examinadas. En el período 1996-2005, el índice alcanzó a 76; en cambio, en los años 2006-2015, llegó a tan solo 19.

Los resultados de este análisis económico revelan con claridad que hubo un gran retroceso en las condiciones que ofrece el país para la atracción de la inversión extranjera. Esta situación no sólo trunca un mayor flujo de recursos desde el exterior, sino que también desincentiva la inversión del sector privado nacional. No es suficiente asistir a reuniones del más alto nivel para gestionar recursos. Es imperativo adoptar un nuevo modelo económico que brinde las condiciones que incrementen los flujos de inversión, extranjera y privada nacional, precautelando los intereses del país.

El autor es economista y diplomático de carrera.