Medios de comunicación bajo asedio gubernamental

El último informe de Voces Del Sur (VDS) señala doce indicadores que revelan violencia contra los periodistas. A pesar de que la Declaración de Windhoek conmina de forma expresa que la prensa es libre de los poderes públicos y de todo dominio político o económico, así como de todo control sobre los materiales e infraestructura, en Bolivia los medios de comunicación sobreviven al asedio gubernamental.

Las cartas que hacen llegar las entidades gubernamentales a los medios de comunicación fundan sus argumentos en que los artículos de opinión “no están bien” o que la información proporcionada “carece de objetividad” o que “los argumentos de dicha nota sólo se basan en ensayos”, señala los testimonios.

Las notas llegan con rótulos como “solicitud de aclaración” o “reclamación a nota de prensa” o “solicitud de réplica” o reclamos basados en que no les gusta las opiniones de algunos especialistas o expertos en temas concretos de las cuales son protagonistas las entidades gubernamentales.

Lo único que hacen los medios de comunicación es recoger la voz de quienes se dirigen a la ciudadanía, entre ellos está el Gobierno y los demás órganos del Estado, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanos en general, la misma Constitución Política del Estado (CPE), se refiere a la comunicación social.

“El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, según refiere el artículo 106 de la CPE.

No obstante, a decir del periodista Andrés Gómez, el Gobierno se vale de mecanismos “invisibles” para coercionar a los medios de comunicación.

“Usa el Servicio de Impuestos Nacionales para ejercer presión contra medios de comunicación, usa la difamación y calumnia constante contra periodistas, un ejemplo es el cartel de la mentira (…) acude a una política sistemática y usa diferentes estrategias”, sostuvo el periodista Andrés Gómez.

Asimismo, el expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, destacó que la denuncia del periodista que renunció al canal de televisión Bolivisión, reforzó la premisa que todos conocen, el Gobierno Central utiliza la distribución de la publicidad contra los medios de comunicación.

“Juan Pablo Guzmán, periodista de larga trayectoria, coincidió con el análisis que hemos hecho, y se vuelve a reforzar que el Gobierno utiliza la publicidad como un mecanismo de chantaje y coerción a los medios de comunicación, y sabemos que los funcionarios públicos del MAS, asisten a las entrevistas imponiendo su propia agenda”, indicó Vargas.

En ese mismo sentido, el periodista Gonzalo Rivera aseveró que la denuncia de Guzmán es una muestra de que los periodistas no deben estar dispuestos a someterse a una línea editorial y menos a una posición política, porque el deber del periodista es transparentar la información que es un “activo de la comunidad”, manifestó.

DAR EN ESPECIE

Y una de las formas de haber “asfixiado económicamente” a los medios de comunicación fue obligarlos a ceder espacios en los medios de comunicación para la promoción de las leyes estatales, como nunca, los medios privados, aparte de pagar impuestos, debían dar también en especie al Estado, señaló Franz Chávez de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

“Hay dos principios que han guiado esta lucha permanente, nosotros denunciamos que con los medios de información se estaba restituyendo el tributo en especie, fueron ocho años que el Gobierno retomó formas de antiguos en sistema de tributo”, manifestó Chávez.

Y los efectos de estos ocho años fue en el recorte administrativo al que se sometieron los medios de comunicación, como fue el caso del televisión católica, por lo que se reclamó estos temas al Ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y éste logró reunir al mandatario y sus colaboradores con los empresarios de los medios y tratar la difusión gratuita de las 16 normas.

Sin embargo, la libertad de expresión y prensa sigue bajo observación, se coarta la misma a partir de la estigmatización, tanto a medios de comunicación como a periodistas.

En este momento, en Bolivia el derecho a la libre expresión es controlada y coartada, si como periodista no van a incomodar con preguntas los van a dejar, aparentemente con su libertad de expresión, pero si van a cuestionar o revelar casos de corrupción será coartada, precisó Andrés Gómez.

Otra forma de controlar a los medios para que no ejerzan la libertad de expresión es que el Gobierno manipula la información para desinformar a la opinión pública, dijo Antonio Vargas.

Y por último, Vargas destacó que llama la atención que la Asociación de Periodistas y otros gremios no se pronuncien sobre los últimos hechos, tanto a medios de comunicación como a los periodistas, cuando deberían dar un apoyo jurídico, moral e institucional, “parece un silencio cómplice”, puntualizó.