Desde hace muchos años y en todos los gobiernos se ha sostenido la necesidad de reorganizar el régimen policial del país debido a múltiples razones: una de ellas es que casi siempre se han presentado casos de corrupción que han lastimado seriamente a la institución, pero no se ha adoptado las medidas precisas para que las experiencias dejadas por el mal no comprometan y siga el daño en los cuadros policiales, tanto en el rango de jefes como de tropa. Prácticamente, nunca se ha adoptado las medidas precisas para cambiar completamente al personal, estudiar -con la cooperación de organizaciones internacionales- una organización que si bien no sea perfecta, sea lo suficientemente confiable para el país; que el personal habido sea cambiado por otro y, sobre todo, evaluar mucho al personal suspendido y escoger entre todos al mejor elemento, pero previas las comprobaciones de su idoneidad, honestidad y sentido de responsabilidad.
Lo que se ha hecho siempre es cambiar los mandos superiores hasta por conveniencias e intereses de los gobiernos o regímenes que gobernaban el país; esos cambios sirvieron para que las nuevas autoridades hagan declaraciones sobre la urgencia de moralizar la institución y observar conductas que permitan confiar en la entidad y evitar nuevos cuadros de corrupción, ineficiencia e irresponsabilidad. Jamás se quiso tomar en cuenta que inclusive el régimen carcelario depende de los mandos policiales y si éstos andan mal es porque los superiores de la policía no marcharon debidamente. Jamás se tomó en cuenta que los cuadros policiales deben ser cambiados periódicamente y los que quedan ser sometidos a evaluaciones e investigaciones permanentes para evitar que las semillas de la corrupción sean parte del diario vivir de los componentes de la institución; para evitar que corrientes ajenas a la Policía actúen en pro de intereses y conveniencias ajenas al bien público y, mucho más, a las normas y reglamentos existentes.
Las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” han primado en el manejo de la Policía y sus consecuencias se las sufre en todo tiempo; últimamente se ha conocido que jefes que han ocupado cargos importantes están comprometidos en cuestiones de narcotráfico y los presuntos culpables son investigados para ser sometidos a las leyes. La verdad es que mientras no haya cambios drásticos en la Policía será casi imposible que la entidad funcione conforme a lo que el país requiere.
Es evidente y así se debe reconocer, que muchos de los cuadros actuales, tanto de jefes como de tropa, están integrados por personas honestas y responsables; que bajo ningún punto de vista los incumplimientos a las leyes y atentados al bien público cometidos por una minoría debe recaer sobre quienes, sin duda alguna, merecen pertenecer a la entidad; pero si no hay cambios profundos y una reorganización general, jamás se tendrá una entidad que sea institucional y confiable para la sociedad.
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