Gobierno dispuesto a excarcelar a opositores

Managua.- El Gobierno de Nicaragua expresó ayer su disposición de “excarcelar” el 18 de junio próximo a un número no precisado de personas presas “por delitos contra el orden público”, pero que son considerados por la oposición como “presos políticos” en el marco de la crisis que vive el país.

En una nota de prensa emitida por la Cancillería, el Gobierno indicó que en su “ruta de cumplimiento” de los acuerdos alcanzados con la oposición en una mesa de negociaciones para superar la crisis, está “la excarcelación de persona que cometieron delitos contra el orden público, con cumplimiento al 18 de junio”.

Se trata de la primera vez que el Gobierno anuncia una fecha para cumplir con el compromiso de sacar de prisión a los manifestantes presos, que es exigida por organismos de defensores de los derechos humanos tanto locales como internacionales.

Según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en Nicaragua existen 809 “presos políticos”, incluyendo varios periodistas, pero el Gobierno reconoce poco más de la mitad, y los denomina “terroristas”, “golpistas”, o “delincuentes comunes”.

Hasta ahora el Gobierno ha cambiado la prisión por régimen de “convivencia familiar” a 236 personas, algo que ha criticado la Alianza opositora con el argumento de que el compromiso entre las partes era dejarlos en completa libertad.

Organismos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han rechazado la “excarcelación”, basados en que los manifestantes presos, a los que llama “rehenes”, no cometieron delitos, con lo cual, los sus procesos son ilegales.

De la misma manera el Gobierno volvió a insistir ayer en su petición a la Alianza que pida a la comunidad internacional que se abstenga de aplicar sanciones económicas a Nicaragua.

El Gobierno ha pedido esto varias veces desde finales de abril pasado, cuando Estados Unidos aplicó sanciones contra el hijo de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo.

Las protestas contra Ortega que estallaron en abril de 2018 han dejado 325 muertos -la gran mayoría registrados en los primeros meses de la crisis- según la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 568, mientras el Gobierno reconoce 199. (EFE)