Denuncia de Rafael Quispe
> El legislador opositor denunció que evidenció en el lugar que los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta violan los derechos humanos de los cocaleros al erradicar sus cultivos que están en zona tradicional
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, denunció que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realiza trabajos de erradicación forzosa en la región de la Asunta, los Yungas, donde el cultivo de hoja de coca tradicional es legal. El legislador aseguró que los operativos son violentos y van contra los derechos humanos de los campesinos del lugar.
“Estoy presente en la Asunta viendo cómo la Fuerza de tarea Conjunta está erradicando cultivos de hoja de coca en las zonas tradicionales, en las zonas permitidas por la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó Quispe desde la región cocalera que visitó días atrás.
El legislador opositor informó que se contactó con los campesinos del lugar y ellos denunciaron que los soldados de la FTC fueron trasladados hasta la región en helicópteros porque las rutas de acceso, que son caminos secundarios, están bloqueadas, precisamente para evitar que los uniformados lleguen a terminar con sus cocales.
“He hablado con los comunarios, he hablado con mucha gente y ellos se quejan diciendo que la Fuerza de Tarea Conjunta ha trasladado oficiales en helicóptero y estos erradican la coca en horas nocturnas hasta el amanecer. Erradican coca que es ancestral y milenaria, violando los derechos humanos, pegando a la gente, metiendo gases, amarrándoles como si fueran delincuentes, por eso me he constituido hasta el lugar en la Asunta”, relató Quispe.
La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), dos organizaciones que representan a los cocaleros de los Yungas denunciaron que son constantemente atropellados por el Gobierno central que persigue a sus dirigentes.
El Gobierno les acusa de organizar y dirigir supuestos grupos armados en los Yungas y estar implicado en las agresiones a funcionarios públicos. Aseguran que el único objetivo es desestabilizar Adepcoca que tras la detención preventiva de su máximo dirigente, Franclin Gutiérrez, se declaró contra el gobierno del MAS y anunció “voto castigo” de toda la región de los Yungas en las elecciones generales de 2019.
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