Comisión de la ONU
Naciones Unidas.- La Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que documenta los crímenes en la guerra civil en Siria advirtió ayer de que la actual ofensiva del régimen y sus aliados en el norte del país puede desembocar en una “catástrofe”.
“Estamos extremadamente preocupados por la actual escalada militar en Idlib y el norte de Hama”, dijo el presidente de la Comisión, el jurista Paulo Sergio Pinheiro, en una conferencia de prensa.
Pinheiro subrayó que la ofensiva por tierra y aire supone ya “una seria escalada” que ha dejado ya numerosas víctimas civiles, incluidos niños, y que ha desplazado a muchas personas, pero aún puede empeorar.
“Dada la vulnerable situación de la población de Idlib y su localización, un conflicto abierto podría generar una inimaginable catástrofe humanitaria y de derechos humanos”, aseguró.
La fuerzas sirias y de Rusia, su principal aliado, han intensificado los ataques desde hace más de una semana contra los grupos insurgentes y radicales que se encuentran alrededor de la zona desmilitarizada pactada entre Rusia y Turquía en el noreste de Siria.
Al menos 96 civiles han muerto, entre ellos 13 niños, desde el pasado 30 de abril hasta ayer, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Pinheiro dijo que la Comisión de la ONU está investigando tanto esos ataques como los lanzados por grupos armados como el Organismo de Liberación del Levante, antigua filial de Al Qaeda.
Por otra parte, los expertos de Naciones Unidas alertaron también sobre la situación de decenas de miles de personas desplazadas en la campaña final contra el Estado Islámico (EI), en especial mujeres y niños familiares de presuntos terroristas.
Esa población, dijo Pinheiro, se mantiene “en el limbo” y “bajo condiciones humanitarias críticas”.
“Están siendo tratados como amenazas de seguridad y tienen muy poco acceso a comida y cuidados médicos”, señaló.
Muchos de estos desplazados se concentran en el campo de Al Hol, controlado por autoridades kurdas, donde hay 73.000 personas, muchas de ellas procedentes de otros países, que se niegan a repatriarlos, denunció Pinheiro.
El jurista recordó que los países de origen deben respetar derechos básicos de sus ciudadanos, sobre todo de niños que pueden quedar sin ninguna nacionalidad. (EFE)
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