¿Y los niños trabajadores?

Antes de la Masacre de Chicago, los trabajadores eran sometidos a jornadas laborales de 10 a 12 horas, sin adecuadas condiciones laborales y con escasa remuneración. Los obreros que se atrevían a organizar a sus compañeros o intentaban protestar eran castigados con multas, prisión o incluidos en listas para luego ser despedidos. El 11 de noviembre de 1887, Albert Parsons, August Spies, George Engel y Adolph Fisher, organizadores de las protestas, fueron enjuiciados y sentenciados a muerte, siendo recordados como los mártires de Chicago. Ellos fueron ahorcados, pero lograron el respeto a las 8 horas laborales.

Bolivia celebró por primera vez el 1 de mayo en 1906, cuando un grupo de trabajadores se animó a organizar una tímida velada artística; la celebración logró consolidarse en 1907 con una marcha realizada por la Sociedad de Obreros de La Paz, cuando el país era una sociedad artesanal, a diferencia de otros Estados que ya estaban en el proceso de industrialización. Coincidió con el agotamiento de la minería de la plata y la iniciación de la economía del estaño, aunque los que empezaron a festejar la fecha no fueron los mineros, sino los artesanos.

En relación con el trabajo infantil, la normativa internacional de derechos humanos lo prohíbe y recomienda la elaboración de leyes y políticas públicas para lograr su erradicación. En el caso del trabajo adolescente, está permitido siempre y cuando no atente contra su integridad mental, física o emocional.

La Constitución vigente establece en el Art. 13.IV que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. El Art. 46,I expresa que “Toda persona tiene derecho: 1) al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”.

Y el Art. 61,II dice: “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes, en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”. El Art. 129 del CNNA, fija como edad mínima para trabajar los 14 años.

En Bolivia el gobierno no cumple con el mandato Constitucional, NO garantiza una vida digna a nuestros niños, porque permite que algunos padres y madres obliguen a trabajar a niños pequeños de 10 años. Existen más de 100.000 niñas y niños trabajadores entre 7 y 12 años, 289.000 son adolescentes entre 12 y 17, un total de 391.000 menores de 17 años que trabajan y 34.000 niños NO estudian, según el Censo Nacional de 2012. Por su parte el CEDLA establece que no se ha desarrollado políticas activas para solucionar el problema y que más bien se ha dictado medidas para facilitar el trabajo de los niños.

Ante las condiciones de pobreza familiar en Bolivia por falta de trabajo, los niños asumen el rol de adultos, se ocupan de la alimentación, vestido de ellos mismos y muchas veces de sus progenitores y hermanos. Deben salir a las calles a buscar sustento, en oficios peligrosos, como ladrilleras, en construcción, minería. Los niños y adolescentes constituyen casi la mitad del país (48%), y de las 38.600 personas en las minas, (10%) 3.800 son niños y adolescentes, con un pago de Bs.200 al mes, que representa el 14% del ingreso total del hogar.

Cada año, entre mayo y noviembre, aproximadamente, 35.000 personas van a la zafra para trabajar, 7.000 niños y adolescentes realizan esta actividad, 24% son mujeres jóvenes y adultas y 22% son niños y adolescentes, la mitad tiene entre 9 y 13 años, trabajan diariamente entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y permanecen en la zafra 67 días en promedio, 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes trabajan generalmente 5 días de la semana entre las 2 y 7 de la mañana, antes de ir a la escuela, por tanto, los niños siguen en la indefensión.

La autora de esta nota es Economista - Abogada Constitucionalista.