Castro y Díaz-Canel denunciados ante TPI

Washington.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su predecesor inmediato, Raúl Castro, han sido denunciados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por sus gobiernos contra los trabajadores de las llamadas misiones internacionales.

La denuncia ha sido presentada por Prisoners Defenders International Network y por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), según han anunciado ayer desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington sus respectivos líderes, el español Javier Larrondo y el disidente cubano José Daniel Ferrer.

Se dirige contra Díaz-Canel y Castro y otros cuatro altos cargos: los ministros de Exteriores, Bruno Rodríguez; Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.

Larrondo ha explicado a la agencia Europa Press que han señalado en concreto a estos seis dirigentes porque la violación "sistemática" de los Derechos Humanos procede de estos cuatro ministerios y de la Presidencia. "Son los máximos responsables", ha aseverado.

Prisoners Defenders y la UNPACU argumentan en la denuncia, de 350 páginas, que los entre 50.000 y 100.000 profesionales cubanos que trabajan en las misiones internacionales son víctimas de "esclavitud, persecución y otros actos inhumanos" que constituirían crímenes de lesa humanidad.

A través de las misiones internacionales, que se pusieron en marcha hace décadas bajo el Gobierno de Fidel Castro, Cuba envía personal cualificado, en su mayoría médicos pero también profesores, ingenieros y artistas, entre otros, que presta sus servicios en países donde son necesarios a cambio de un pago.

PROFESIONALES

Los profesionales son enviados a entre 65 y cien países por periodos de tres años con contratos de trabajadores civiles por cuenta del Estado que permiten a las autoridades "ejercer atributos del derecho de propiedad sobre estas personas".

"No se presentan voluntarios a tales misiones, sino que son obligados, fuertemente coaccionados", aseguraron los denunciantes. Una vez en el país de destino, se les priva del pasaporte y de sus títulos académicos para impedir que deserten y puedan ejercer su profesión libremente.

Durante su estancia en el extranjero, "son alejados de sus familias" porque a ellas no se les permite salir de Cuba para visitarlos y ellos solo pueden viajar a la isla caribeña "en casos de defunción de sus padres o hijos".

Sufren "jornadas infernales", un 160 por ciento superiores a la carga laboral máxima estipulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y viven "confinados" en "estancias comunes" con "toque de queda al atardecer". Además, "no pueden relacionarse con nativos", lo que excluye las "relaciones sentimentales" sin permiso de su supervisor.

"Se les encomiendan misiones políticas", sostuvo la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Por ejemplo, "los médicos deben censar a la población y sus posibles tendencias políticas, casa por casa, así como tratar con absoluta preferencia a los pacientes que son del partido en el poder del país que los contrata".

"ATERRORIZADOS"

Prisoners Defenders y la UNPACU han fundado su denunció en los testimonios recabados de los trabajadores cubanos de las misiones internacionales, "la mayoría desertores que están fuera de la isla".

"Pinchamos en hueso con las asociaciones y agrupaciones de médicos, así que hicimos una gran campaña en Internet muy segmentada" para que la recibieran solamente profesionales expatriados, ha contado. Llegó a unos 15.000, de los cuales 70 compartieron su experiencia. De ellos, se "filtraron" 46 testimonios, "los más fiables".

"Para mí, son héroes", ha confesado Larrondo, destacando que estas 46 personas se hayan atrevido a dar el paso, ya que la mayoría de los trabajadores de las misiones internacionales están "aterrorizados".

También aportan numerosa documentación que han registrado ante notario "de manera que si el Gobierno cubano cambia cualquier cosa será inútil". "Los hemos securizado notarialmente", ha dicho de estos papeles.

FUENTE DE INGRESOS

Este "régimen de esclavitud", subrayó el español Javier Larrondo, busca impedir que los trabajadores deserten. Quienes lo consiguen se enfrentan a penas de entre tres y ocho años de cárcel si vuelven a Cuba, mientras que los demás tienen prohibida la entrada a la nación caribeña durante ocho años, por lo que "decenas de miles de familias están separadas".

No obstante, el objetivo prioritario de las misiones internacionales sería netamente económico. "Es la mayor fuente de ingresos del régimen", ha indicado Larrondo. De acuerdo con sus cálculos, reportan 8.000 millones de dólares anuales frente a los 4.000 de las remesas y los 3.000 del turismo, la principal industria de Cuba.

Para conseguir estas cifras, los profesionales cubanos se quedan solo con entre el 10 y el 25 por ciento del salario que reciben del país pagador. "El resto lo percibe Cuba y, en alguna de las misiones, reparte otro 5 por ciento con intermediarios que faciliten la transacción", precisa la denuncia.

Larrondo se ha referido al caso de un deportista cubano, cuya identidad ha preferido mantener en el anonimato por razones de seguridad, que llegó a España con "una empresa cubana" recibiendo solo entre 100 y 200 euros. Decidió quedarse en España para "prosperar" y "el Gobierno le dejó ocho años sin ver a su familia", ha relatado. Al ver que "su decisión era firme", le ofrecieron una "rebaja" de la "pena" a condición de que no jugara en el equipo español.

VARIOS FRENTES

Prisoners Defenders y la UNPACU han presentado la denuncia ante el TPI y ante múltiples órganos de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos o los Comités que derivan de los Pactos Internacionales, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso del TPI, las denuncias se reciben en la Fiscalía, que decide cómo proceder. Si opta por actuar, el primer paso es abrir un examen preliminar que puede conducir a una investigación formal y, finalmente, a un juicio con condenas para los acusados.

Cuba no es miembro del Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI--. Sin embargo, los demandantes creen que la corte de La Haya puede atender la denuncia porque los crímenes se habrían cometido en estados parte como Venezuela, Brasil o Botsuana.

Además, argumentan que la intervención del TPI es necesaria porque en Cuba hay una "ausencia absoluta de independencia judicial y garantías procesales", condiciones que "impiden a las víctimas solicitar justicia en su país de origen".

"Ya nos han comunicado que la han recibido. Ha sido muy rápidos. Nos ha sorprendido", ha comentado Larrondo, aunque se ha mostrado consciente de que el procedimiento en el TPI "va a tomar su tiempo" porque "tiene otros temas sobre la mesa".

Por eso, "hemos ido a varios frentes", ha apuntado. Larrondo estima que en unos meses podrían recibir respuesta de la ONU y de la CIDH, si bien ambas se limitarán a determinar si se han cometido o no los abusos denunciados, sin depurar responsabilidades personales.

Esta "condena mediática", ha valorado Larrondo, serviría para alimentar la denuncia en el TPI, que "es la más potente" de todas las instancias mencionadas porque es la única que puede dictar sentencias con penas concretas contra los individuos denunciados.

De acuerdo con el activista español, las personas que han prestado testimonio para dar forma a estas denuncias "están emocionadas porque por fin se ha expuesto con todo detalle lo que han sufrido".

(Europa Press)