Temeridad versus tibieza

Hacer apología de la célebre y casi nunca bien aplicada sentencia de que “el fin justifica los medios” parece ser el camino por el que el MAS ha optado para defenestrar a sus adversarios políticos. En realidad, en la coyuntura actual, no hay intención de sancionar ninguna conducta contraventora de la ley; habría que ser poco menos que necio para pensar que al partido de gobierno, en este asunto, le interesa recuperar dineros del Estado, porque lo que en verdad le importa es descalificar políticamente al único candidato que le puede impedir la ilegal reelección a la primera magistratura.

¿De qué hablamos? Es simple, hace pocas horas escuché una declaración del Ministro de Gobierno, quien sostuvo que si los opositores critican tanto su gestión, es porque algo bueno debe estar haciendo. Si aplicamos el mismo razonamiento, podemos llegar a la conclusión fáctica de que si el gobierno ha centrado su atención en Carlos Mesa para hallarlo culpable, aunque sea solo moralmente, de cualquier infracción al ordenamiento jurídico, y en último caso a las reglas de la ética, es porque, más allá de lo que en líneas siguientes se dirá, es el único que puede nublarle el horizonte de un continuismo, además ya desgastado. Entonces, su mirada implacable hizo “descubrir” la presunta vinculación del candidato por Comunidad Ciudadana (CC) con el narcotráfico; tesis que como todo el pueblo librepensante conoce, ha dejado más temprano que tarde en ridículo al régimen por su manifiesta inconsistencia y camuflado propósito. Un ex presidente, ante la visceral acusación oficialista, dijo: “si Mesa es narcotraficante, Morales es astronauta”. Esa es exactamente la distancia que media entre la dramatizada acusación y el vínculo del candidato opositor con ese tipo penal. Pero como había que involucrarlo en algo que cuando menos deje en entredicho la solvencia moral del sindicado; ¡claro!; la aparente evasión de impuestos era el último recurso; había que atribuírsela de todas maneras y fueron la propia diputada denunciante y luego el Ministro de Comunicación -el de más luces en el gabinete, y por eso mismo me sorprende su arrebato-, quienes afirmaron categóricamente que Carlos Mesa Gisbert, por lo menos, es autor de evasión fiscal.

¡Por Dios! Despropósito tal en esta materia es alarmante, viniendo de autoridades de esa jerarquía; por tanto, atribuir tan irreflexivamente la comisión de ese hecho, es un sacrilegio jurídico; quizá si esas autoridades no poseen título de abogado –hecho que ignoro- podría atenuar en algo sus legas conclusiones.

Del otro lado, del lado de CC, es innegable que existe, y no solo en este asunto sino en la generalidad del proceso pre eleccionario, una tibieza que linda con la pusilanimidad tanto en el alegato de su programa de gobierno, que hasta ahora nadie conoce, cuanto en una defensa jurídica sólida por parte del staff jurídico que se presume debe apoyar al candidato, habiéndose limitado en tono murmurante, a decir que Carlos Mesa no fue parte del contrato de transmisión de derechos de un inmueble de sus padres. Pero esa incontestable evidencia hay que fundamentarla a la luz del derecho positivo, que inmejorablemente prevé por qué la imposibilidad jurídica y material de que Carlos Mesa haya incurrido, ni remotamente, en una evasión de impuestos emergente de la venta de un departamento que nunca fue suyo.

¿Dónde está la cúpula de dirigentes de la alianza que conforma CC y el propio candidato Carlos Mesa, para ejercer la política activa con la que hace siete meses han decidido comprometerse? Y no es que su calidad moral esté en juego, pero en ese orden de cosas, como en cualquier otro de la vida, no es suficiente ser honesto; ante el libelo, también hay que demostrarlo.

El autor es jurista y escritor.