Ampliaron investigación a magistrados y exdiputado

El Ministerio Público amplió las investigaciones en el caso Montenegro contra varios operadores de justicia, entre ellos el exjuez y exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu Janco, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado, la magistrada suplente Joyce Lizeth Choquerive S.; el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) Santa Cruz, Darwin Vargas; además, del juez de Sentencia Juan José Paniagua y Belén Laguna R. exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.

Los presuntos delitos por los que son investigados están relacionados a confabulación, tráfico de sustancias controladas, encubrimiento y asociación delictuosa.

Las investigaciones contra estas autoridades del sistema judicial se desprenden del organigrama de contactos, elaborado por los investigadores a cargo del caso y por la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde se hace conocer que el extraditable Pedro Montenegro hubiera logrado perforar las instancias de la autoridad judicial a fin de evitar su extradición a Brasil.

En reciente declaraciones, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la red de nexos directos que Montenegro logró establecer tocaban a autoridades judiciales que actuarían en función de los intereses de Montenegro para, además, burlar la notificación de extradición emitida por Interpol.

En ese contexto, la autoridad de Gobierno afirmó que cada una de las personas señaladas tendrán que explicar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, si tienen algún vínculo con Montenegro, si compartieron viajes o espacios sociales.

El organigrama de nexos menciona al magistrado Gonzalo Hurtado, quien en declaraciones públicas sostuvo que no tiene ningún vínculo con Pedro Montenegro u que fue su autoridad quien dispuso la reposición de la orden de captura emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en julio del 2015.

A su vez, desde el Consejo de la Magistratura el decano Omar Michel ya había anunciado que el ente contralor dispuso las respectivas investigaciones mediante los mecanismos de control y fiscalización acerca de los vínculos de jueces, vocales y otros operadores de justicia con el extraditable Pedro Montenegro. Por tanto, cada una de las autoridades judiciales deberán prestar sus declaraciones en el marco de la legalidad.

De acuerdo con lo inicialmente anunciado, el vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas y el del juez Cuarto de Sentencia en lo Penal, Juan José Paniagua serán suspendidos del cargo y sometidos a proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas podría derivar en su alejamiento definitivo de la institución.

Por otra parte, con relación a la presunta implicación del exdiputado y exjefe de la bancada del MAS durante la legislatura 2009 -2014, Franklin Garvizú, el presidente de Diputados de la Asamblea Legislativa, Víctor Borda, señaló que las investigaciones deben seguir su curso, sin importar si se trata de militantes, diputados o asambleístas del MAS, como es el caso de su correligionario.

Garvizú, a su vez, en declaraciones a públicas a medios de Santa Cruz, afirmó estar sorprendido por su implicación en el caso y que nunca conoció a Pedro Montenegro.