La socialización de la economía de los estupefacientes a nivel mundial, también extendió sus tentáculos en altos mecanismos del Estado Plurinacional de Bolivia, en algunos de cuyos órganos encontró cabida para sus agentes que actuaban casi sin limitaciones e inclusive a nivel internacional.
El mal de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes estaba limitado en Bolivia al cultivo de la hoja de coca (maldita para unos y bendita para otros), cuyo labor se limitaba a algunas regiones de Yungas, actividad que posteriormente, por presión de dirigentes y caudillos, derivó en producción masiva, a la par que su comercialización y consumo.
Ese proceso adquirió un creciente ritmo y velocidad de expansión y terminó dominando la situación hasta infiltrarse en altas dependencias del aparato estatal, al extremo que alguna denuncia de una revista internacional, dijo que Bolivia tenía un “narco-Estado”, versión que fue negada por increíble.
Esa versión, inaceptable para los medios oficiales, resultó, en cierta forma verosímil, con hechos registrados en días recientes, al saberse que la red de la droga alcanza a jueces, magistrados y empresarios, tiene nexos entre altos jefes policiales y narcotraficantes, dispone de tecnología y otras facilidades.
En ese sentido, el Ministerio Público, la Dirección nacional de inteligencia y otras dependencias oficiales han hecho denuncias de magnitud, como que un grupo de jueces, algunos en ejercicio, está involucrado en el delito, citando entre ellos a Darwin Vargas Vargas, actual vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz; Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional; Juan José Paniagua Cuéllar, juez de sentencia de Santa Cruz; María Belén Laguna, ex representante del Consejo de la Magistratura en Beni. Ellos tendrían conexiones con Brasil, Colombia, Panamá y Bahamas.
Con anterioridad, se reveló que dos altos jefes policiales fueron encarcelados por tener relaciones con un destacado narcotraficante, Pedro Montenegro, buscado por la policía brasileña, quien se entregó a la Policía. Algunos empresarios y otras 25 personas también son investigados.
En todo caso, después de catorce años de “lucha” contra el narcotráfico, se descubre que el problema creció de forma cancerosa y que el mal de ha socializado a tal extremo que ha penetrado hasta los últimos poros de la sociedad boliviana.
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