Empresarios temen que norma induzca al delito de sabotaje

El proyecto de ley de Impunidad para los Trabajadores permitirá la intervención directa y atentatoria a la libertad de trabajo y empresa en Bolivia, según perciben los empresarios privados. Además, se advierte este escenario, debido a que la mencionada norma propone la impunidad a los dirigentes y trabajadores que incurran en el delito de sabotaje, porque contempla varias salvedades y reducción de penas.

De acuerdo con una información oficial de la Cámara Nacional de Industrias, se trata de un proyecto de ley que pretende introducir excepciones a la tipificación de los delitos de sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo, actualmente contemplados en el Código Penal boliviano.

El proyecto de ley en cuestión –señala la nota– busca eximir de responsabilidad legal a los dirigentes sindicales o trabajadores que, actuando en el marco de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, incurran en los delitos antes mencionados, lo cual, en la práctica, significaría otorgar privilegios especiales a algunos ciudadanos, en relación con los demás habitantes del país.

“De aprobarse el proyecto de ley de Impunidad para los Trabajadores, se introduciría una distorsión a la tipificación de los delitos de Sabotaje y Atentados contra la Libertad de Trabajo, abriendo la posibilidad de que se actúe impunemente en la comisión de estos delitos, bajo el pretexto de estar actuando en el marco de un conflicto laboral –real o artificial– y en el ejercicio del derecho a la huelga, que puede o no ser legal”, afirman.

Para la Cámara Nacional de Industrias, esta propuesta de ley es completamente desfavorable. “No debe perderse de vista que la Ley de Creación de Empresas Sociales promulgada el 2018 ya abre la posibilidad de que los trabajadores de una empresa se hagan con la propiedad de los bienes y el patrimonio de la misma, en forma arbitraria y confiscatoria, por causales que van más allá de las razonablemente previstas en el Código de Comercio”.

Consecuentemente –indican– la aprobación de este proyecto de ley no solo empeoraría un marco normativo ya desequilibrado, sino que, adicionalmente, generaría un evidente incentivo para que, al amparo de supuestos conflictos laborales o el ejercicio del derecho a la huelga, se afecte la actividad privada y se valide la invasión u ocupación de establecimientos industriales, agrícolas o mineros, dejando sin castigo los daños que se provoquen en este afán.

“Consideramos que cualquier intento por mejorar el contenido de normas, tan importantes para la vida institucional del país como el Código Penal, no puede significar generar impunidad para atentar contra la actividad privada, que es el verdadero motor del desarrollo económico”, señala la nota.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia denunció ayer que el Legislativo se encuentra en etapa de análisis del proyecto de ley que otorgaría “impunidad” a los sindicalistas y obreros para “atentar” contra la actividad privada.



De acuerdo con el sector, la propuesta de norma busca introducir excepciones a la tipificación de los delitos de “sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo” incluidos en el Código Penal boliviano.