Una candidatura ilegal, ilegítima, antiética

La vida de las sociedades modernas se desenvuelve ajustada a la normatividad, es decir a las normas y leyes, es el estado de derecho en el que todos los ciudadanos, sin excepción, están sujetos al cumplimiento de las leyes, pero en las sociedades sometidas a regímenes de gobiernos autoritarios y dictatoriales, los gobernantes o el gobernante, se ponen por encima de la ley, y como en los pasados tiempos de la monarquía absoluta, ellos creen ser el Estado.

En nuestro país, en unos meses deberemos acudir a las urnas para elegir a nuevos gobernantes, tal como señala la Constitución Política del Estado, que fija el tiempo de vigencia del mandato del pueblo (cinco años), pero resulta que al influjo del recetario “chavista” los regímenes del populismo socialista pretenden permanecer en el poder: “de por vida”, como sentenció nuestro caudillo-gobernante, atropellando la Constitución que en su Art. 168 dispone que el período de mandato del presidente y vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos de manera continua por una sola vez.

No obstante que el presidente y vicepresidente ya llevan ejerciendo el poder político del Estado por tres gestiones consecutivas, nuevamente aparecen de candidatos del populismo, argumentando que el Art. 23 IA del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) dispone que es un derecho político el poder elegir y ser elegido, pero el Art. 35 de esa misma Convención reza que: “los derechos de cada persona están limitados por el derecho de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”, es decir que por encima del derecho individual está el derecho de los demás.

Con la pretensión de validar este argumento, el gobierno acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió la resolución 0084/2017 que desconoció y reformó la Constitución Política del Estado, que ratifica el supuesto derecho humano de los candidatos oficialistas, dando curso “ilegal” a su repostulación para un cuarto mandato, resolución que fue calificada por dos prestigiosos jurisconsultos españoles de la universidad de Valencia (Roberto Vizcayno Pastor y Gabriel Moreno Gonzales) como un: “fraude interpretativo”, originado en un “constitucionalismo abusivo”. Por lo anotado, en resumen, la candidatura oficialista del populismo cocalero es, a todas luces de la ciencia del derecho, ILEGAL.

La misma candidatura desconoce el pronunciamiento de la voluntad del pueblo soberano, expresado en el voto mayoritario en el referéndum que fuera convocado por el gobierno, para modificar precisamente el Art. 168 y poderse reelegir una vez más. En esa consulta el pueblo dijo ¡NO!, lo que importa que el pueblo consultado rechazó esa candidatura para un cuarto mandato. El referéndum tiene en la decisión del pueblo un carácter vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio. Sin embargo el régimen acudió esta vez al Tribunal Supremo Electoral que, por supuesto, validó la candidatura, con el artificio de una Ley de partidos políticos que obligaba a éstos a unas elecciones primarias para elegir a sus candidatos, cuando el régimen ya los tenia elegidos, desconociendo ese carácter vinculatorio, dispuesto por la Ley de Régimen Electoral, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y otras. Todo lo que importa que la candidatura oficialista es ilegítima, pues no está respaldada por el voto ciudadano, que ya negó esa posibilidad.

Finalmente, la candidatura populista-cocalera es inmoral, pues los candidatos oficialistas, además de estar en campaña más de trece años, continúan utilizando los bienes y recursos públicos, es decir de todos los bolivianos y haciendo propaganda con todas las obras públicas, hasta llegar al extremo de haber convertido una tragedia en propaganda electoral, como es el caso del geo-deslizamiento ocurrido en Llojeta, y la entrega de departamentos a algunos afectados, sin seguir los procedimientos y normativas establecidas.

Todo proceso electoral debe ser administrado, como principio básico, por una instancia absolutamente “independiente” y, en consecuencia, imparcial e idónea. Y los candidatos tienen que estar en el mismo nivel de acceso a recursos, pues si unos cuentan con recursos públicos y los demás con sus propios recursos, esas elecciones deben ser consideradas fraudulentas y viciosas.

El autor es Abogado y Politólogo.