“Proyecto de ley de impunidad es inconstitucional”

Apuntó que la propuesta solo pretende consagrar la impunidad de los dirigentes sindicales eximiéndolos del delito de sabotaje, porque de igual manera están impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, industrial o agrícola.

A criterio del Torrico, la normativa atenta contra el principio que establece que “nadie puede hacer justicia por sí mismo, para eso se designan autoridades competentes como el Ministerio de Trabajo, Justicia Laboral, entre otros”, dijo.

Señaló que el proyecto de Ley atenta contra la producción y libre organización que consagra la Constitución Política del Estado (CPE) a favor de cualquier ciudadano que quiera emprender un negocio jurídico.

A decir del profesional la normativa es innecesaria porque ya está legislada en el Código Penal, Artículo 232 (Sabotaje) que establece: “El que con el fin de impedir o entorpecer el desarrollo normal del trabajo o de la producción invadiere u ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, y causare daños en las máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos existentes, será sancionado con privación de libertad de uno a ocho años”.

Manifestó que el proyecto de ley de impunidad desconoce la CPE en su artículo 47, donde se garantiza la libre organización empresarial, lo que la hace inconstitucional.

Sostuvo que la normativa propuesta sólo incentivaría al sabotaje en las empresas, porque el proyecto de ley protege con excepciones a los dirigentes sindicales eximiéndolos del delito, “con ese pretexto los trabajadores podrían tomar las empresas en desmedro de los empresarios”, sostuvo.

A decir de Torrico, el propósito de esa normativa puede atribuirse a una medida electoral, “es una forma más de ganar más adeptos”, dijo.

En los últimos días el presidente Evo Morales envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que protege a dirigentes sindicales que incurran en sabotaje industrial, la propuesta contiene solo dos artículos.

El proyecto en su parágrafo señala: “No constituirá delito de atentado contra la libertad de trabajo cuando la misma emerja de la defensa de los derechos y beneficios laborales por parte de dirigente (a) sindical o trabajadora o trabajador dentro de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga”.

Al respecto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), rechazó el proyecto e hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo y de  la Asamblea Legislativa Plurinacional a actuar con sensatez evitando considerar y mucho menos aprobar una ley que solo disminuiría el atractivo del país para atraer inversión privada, introduciendo mayor sensación de riesgo, incertidumbre e inseguridad para quienes desean aportar al crecimiento de Bolivia.