El Silala no se negocia, es asunto de justicia

Según el Art. 124.I de la Constitución Política del Estado, comete delito de traición a la Patria quien viole el régimen constitucional de recursos naturales. En 1908 la Prefectura de Potosí concedió a la empresa The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway el uso de aguas para locomotoras, pero hoy ya no hay locomotoras a vapor y no se justifica mantener esa concesión.

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirmando que las aguas del Silala son parte de un río que se inicia en Bolivia y continúa en Chile. En esa demanda se plantea que son aguas de un río internacional de curso sucesivo y que su uso es legítimo, en el marco del derecho internacional. Históricamente estas aguas están en territorio boliviano y Chile desvió su curso. La respuesta boliviana fue planteada en una memoria ante la CIJ, en la que se da cuenta que las aguas nacen de manantiales que fueron drenados y canalizados por Chile en 1884.

El senador Edwin Rodriguez denunció que, en pleno litigio internacional ante la CIJ de la Haya, Chile volvió a incurrir en actos irregulares, empezó a entubar aguas del del Silala, que pasan por su territorio. También Juan Carlos Cejas, Gobernador de Potosí, confirmó que Chile concluyó de entubar aguas del Silala. Por ello solicitaron interpelar al Canciller, pero asambleístas masistas desestimaron dicha interpelación, argumentando que es un tema delicado y que requiere reserva. No reconocen que son servidores del soberano y que tienen la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. El pueblo debe conocer en detalle tal proceso, porque implica el uso de un recurso natural fundamental de vida.

Sin embargo, el gobierno pretende escudarse en la confidencialidad y solo está dando la razón a los chilenos que pretenden transformar el Silala en un tema de derecho internacional público (no privado), al argumentar que es un río internacional. Pero estudios técnicos demostraron que son aguas de manantiales que nacen en Bolivia y si bajan al vecino país es por la canalización efectuada por Chile, aprovechando la concesión otorgada por la Prefectura en 1908, que a la fecha ya no tiene validez.

Para la defensa de Bolivia en el litigio por el Silala ante la CIJ, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) dispone de Bs.33.085,478 millones en cada gestión, para gastos del equipo jurídico, el equipo multidisciplinario nacional y el equipo jurídico internacional.

El gobierno de Morales debería aplicar un proyecto de bombeo de las aguas del Silala, para que este recurso vital sirva al desarrollo de Potosí, en un primer tramo de 37 Km. Se tendría que bombear 320 metros y el agua posteriormente irá por gravedad desde el Silala hasta las lagunas Verde y Colorada, y se podría dotar de agua a los municipios de Tupiza y Villazón, que desde hace décadas demandan apoyo para el traslado de agua. De esta manera ya no pasarían esas aguas por territorio chileno a través de canales artificiales construidos por el país vecino.

Debemos recordarle a Evo Morales que NO puede negociar, este tema es de prioridad nacional y debe ser objeto de una política de Estado, porque se trata de un recurso natural. Por el contrario, si se pierde por incapacidad jurídica, falta de experiencia e incompetencia, como ocurrió con la demanda para salir al mar, pueden ser sujetos de un juicio de responsabilidades por incumplimiento de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución Política y daño económico al Estado.

La autora es Economista y Abogada Constitucionalista.