Evaluación del desempeño policial

La imagen policial depende directamente de su desempeño, se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Es importante hacer referencia al término de capacidad institucional, para destacar que la percepción va más allá de policías, direcciones, comandantes y Ministerio de Gobierno, e incluye a la institucionalidad en la que se insertan. Y si se quiere ir al extremo, nos referimos a la seguridad que el Estado está obligado a brindar en beneficio de la ciudadanía.

Al ciudadano común le interesan los resultados concretos para definir su percepción sobre el desempeño policial. No le interesa saber si el incremento delictivo está relacionado con el ritmo de urbanización, la pérdida de valores, la falta de oportunidades laborales o el crecimiento acelerado del desempleo. A las personas les interesa saber que pueden estar en sus casas o caminar tranquilamente por las calles de ciudades o zonas rurales, sin el riesgo de ser robadas, asaltadas, vejadas, heridas o muertas. En última instancia, si esto ocurre, lo menos que esperan es que la Policía capture a los delincuentes y que se les aplique todo el peso de la ley.

Tampoco le interesa al ciudadano común saber si su seguridad depende del policía de prevención o del policía de investigación y tampoco se preocupa por averiguar los lazos que unen al policía con el fiscal o el juez para garantizar su seguridad. Lo que le interesa es saber que el policía lo va a cuidar y que con su trabajo le va a garantizar su seguridad. Todavía podemos ser más radicales y plantear que poco o nada le interesa al ciudadano si el policía está bien pagado o comido o si su vida y su integridad están garantizadas por un seguro adecuado, quizás porque asume que esos son problemas del Estado.

Al margen de lo que piense la ciudadanía, las autoridades del Estado (de la Asamblea Legislativa, Ministerio de Justicia, Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General) son responsables de adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas, sin inclinarse hacia acciones radicales que enfatizarían la represión, despreciarían la prevención y amenazarían las garantías individuales y los convenios internacionales. El Estado de Derecho establece procedimientos para procesar e, inclusive, sancionar a un sospechoso de haber delinquido. Una autoridad no puede ser irresponsable y no pensar en las consecuencias sociales y jurídicas que conlleva la aplicación de medidas fuertemente represivas. Su papel es adoptar medidas que medien entre la prevención y la represión, entre la víctima y el victimario, y entre el interés particular y el interés general, lo cual conduce a asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

Otro aspecto que deriva de lo expresado, es el desentendimiento ciudadano de lo que es público, en este caso de la seguridad como bien público. Asumir que lo público es un asunto de los funcionarios y empleados del Estado, entre los cuales están los policías, es común en nuestra cultura, lo que fácilmente nos conduce a ser implacables al juzgar el desempeño y resultados de los mismos.

El ciudadano tiende a creer que la Policía no combate eficientemente a la delincuencia, por carecer quizás del recurso humano y del apoyo logístico correspondiente para actuar oportunamente en la escena del delito y brindar así un eficiente servicio a la ciudadanía. Además, de manera intuitiva tiende a pensar que debe modernizarse todo el sistema policial y fortalecerse la investigación criminal.