Desde que YPFB anunció que se utilizaría un “pequeño” porcentaje como aditamento a la gasolina especial que se vende en los surtidores del país, ha surgido una serie de comentarios y opiniones sobre la conveniencia o no de esta sustitución, porque se alega que experiencias de otros países han establecido daños a los motores que han recibido esta mezcla. Mucho se ha dicho en estos días y ha preocupado seriamente al autotransporte público y, por supuesto, al sector privado en general, porque si se confirma el daño a los motores, los perjuicios serían inmensos.
Autoridades y entendidos de la empresa del petróleo han explicado que solamente se utilizaría un 6 a 8% de alcohol para mezclarlo con la gasolina especial; que se ha realizado las pruebas consiguientes para evitar contratiempos y, sobre todo, para que no se presenten daños en los motores. El problema es grave y si efectivamente se produjeran perjuicios a los automotores habría que pensar, de hecho, en procesos de reparación y, nada raro sería, cambio de piezas por otras que se adapten a las nuevas formas de combustión de la gasolina que haya sido transformada.
Desde hace muchos años y de tanto en tanto se han presentado situaciones en que la gasolina que actualmente se expende contiene impurezas y agua; pero con el tiempo han desaparecido esas susceptibilidades y en el criterio de muchos entendidos, YPFB habría corregido las fallas; pero ahora el problema es diferente.
Es de suponer que el gobierno dispondrá que YPFB adopte todas las medidas para evitar que la mezcla de alcohol con gasolina especial no sea perjudicial; que se haga los análisis pertinentes y las pruebas de rigor que establezcan si efectivamente no habrá consecuencias; es decir que a más de causar fallas a los automotores que utilicen la nueva gasolina, no ocasionen daños económicos y no signifique erogación de divisas para importar los repuestos que se requiera.
Tiene que haber el máximo cuidado antes de imponer la venta obligada de la nueva gasolina; no hacerlo sería esperar consecuencias que nadie desea y que serían fatales para el país y muy especialmente para los propietarios de vehículos, que se verían seriamente afectados en sus intereses. El gobierno, por el simple hecho de que disminuyó la producción de gasolina y de gas, no debería adoptar medidas sustitutivas sin las seguridades y garantías precisas; en todo caso, si es preciso importar más gasolina al margen de la que actualmente se consume, hay que hacerlo porque así las consecuencias serían menores y solo afectarían a los precios y al uso de divisas. No adoptar medidas preventivas antes de imponer la nueva gasolina sería irresponsable y contrario a la población.
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