Reúnen 500 mil firmas para solicitar opinión consultiva

Los activistas que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 reunieron quinientas mil firmas de ciudadanos, que defienden y exigen el respeto al voto del soberano, la democracia y la Constitución Política del Estado.

Ahora enviarán los respaldos a los países garantes: Brasil y Colombia, para que ambos soliciten la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) informó la activista Cristina Soto.

“Logramos la meta de las 500 mil firmas y trabajamos de manera autoconvocándonos, en todo el país, cada región trabajó, a través de sus líderes que destacaron su compromiso de luchar por recuperar el respeto a la Constitución”, informó Soto, líder de la plataforma ciudadana Kuña mberete.

Como habían anunciado los activistas de las plataformas ciudadanas, después de reunirse con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Sucre, el 12 de febrero, abrieron libros para recolectar firmas de los ciudadanos.

“No es un requisito, pero es necesario demostrar a los Estados garantes que los bolivianos estamos en defensa activa de nuestros derechos y por eso hemos trabajado todo estos cuatro meses hablando con la gente, explicándoles lo que implica que no se respete el referéndum del 21, que está vigente y es vinculante”, manifestó.

Las firmas recolectadas se adjuntarán a la carta de solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que gestionará en primera instancia Brasil porque hace dos semanas se manifestó una de las autoridades del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Ernesto Fraga Araujo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo que su país consultará a la Corte IDH sobre si es un derecho humano la reelección indefinida, informó la senadora opositora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, quien fue parte de la comitiva que visitó a las autoridades de Brasil.

En el caso de Colombia el trámite ya se inició y fue el mismo expresidente colombiano Andrés Pastrana, que anunció mediante su cuenta de twitter, que envió una carta a Iván Duque, actual presidente colombiano, para que solicite una opinión consultiva a la Corte IDH.

“Le escribo para solicitar que nuestro gobierno eleve una opinión consultiva ante nuestra Corte de San José, a fin de establecer si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano, supuestamente ´amparado´ por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por encima de limitaciones a mandatos establecidas en una constitución”, suscribe parte de la carta que envió Pastrana a Duque.

Al respecto, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, anunció que viajará a Colombia llevando la carta de opinión consultiva y las firmas recolectadas de los bolivianos que defienden el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y rechazan la repostulación indefinida del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.

“Enviamos cartas, aquí está la opinión consultiva tiene este documento a Luis Almagro desde fines del año pasado, él podía haber gestionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, envié esto a la Corte de San José, pecó de omisión, no lo hizo, bueno como él no lo va hacer, estoy yendo mañana (hoy) a Colombia”, dijo Quiroga.

Para el oficialismo, el 21F “ya no existe”. El presidente Evo Morales en varias ocasiones afirmó que el 21F debería ser el “21M, día de la mentira”. Similar criterio comparten sus allegados, más aún con el respaldo del secretario General de la OEA, Luis Almagro.

“Yo no sé por qué hay que estar rememorando nuevamente 21F, 21F ya no hay”, expresó el Jefe de Estado días atrás.

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

ART. 64: “Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

La Corte-IDH a solicitud de un Estado miembro de la OEA, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.