Crónica de una gestión estéril

Esta breve relación de hechos retrata solamente una parte pequeña de todas las gestiones que se hicieron al respecto, llevadas a cabo por diferentes personas y grupos.

El 18 de diciembre de 2018 firmé, junto con el activista José Manuel Ormachea, una carta dirigida al representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, señor Enrique Reina, para que éste se sirviera pedir al actual secretario general de aquel organismo internacional, manifestarse en torno a los obstinados intentos reeleccionistas del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera que vulneran el Derecho público boliviano y la democracia en su más amplia expresión.

La iniciativa surgió luego de notar un prolongado silencio que el secretario general había venido manteniendo en los últimos meses acerca de este asunto. Eran días intensos y lamentables, pues en los inicios de diciembre el Tribunal Supremo Electoral había dado paso libre a la candidatura de tal binomio, desconociendo de esa manera el Art. 168 de la Constitución Política y dando origen a una serie de acontecimientos callejeros violentos y de agitación ciudadana.

Solamente tuvieron que pasar unos cuantos días desde el envío de nuestra carta para que recibiéramos un diligente y cortés mensaje de respuesta del embajador Reina, en el que se nos decía que la carta ya se encontraba en la ciudad de Washington, en oficinas de la OEA, y que nuestro dosier de notas de prensa, que habíamos compendiado en intensos días de trabajo de recopilación, ya se hallaba en las manos del secretario general Luis Almagro.

Después de aproximadamente un mes del envío de aquella carta, en enero de 2019, pudimos, Ormachea y yo, reunirnos y conferenciar con el señor Reina, y en tal audiencia, que duró una hora aproximadamente, expusimos de manera detallada las inquietudes que las juventudes bolivianas sentían en torno a la estabilidad de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, y en general en torno a la de América Latina en su conjunto, pues es de saber público que la inestabilidad política de un Estado genera desequilibrio político en la región en la que se halla o en sus periferias.

El hecho de nuestra reunión se mediatizó en los principales diarios y medios radiofónicos nacionales. Fue un esfuerzo que despertó en nosotros dos, y en todos los jóvenes a los que representamos en aquella ocasión, una especie de ilusión o esperanza, por el hecho de que, para entonces, el señor Almagro ya se había manifestado categóricamente en torno al asunto, levantando la voz del Derecho y la ley, pues en reiteradas ocasiones había pedido a Evo Morales que respetara la decisión popular del 21 de febrero de 2016 y transmitido el informe final (cuya naturaleza es de total validez jurídica y no política) de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), que estableció que la reelección no es un derecho humano. Pero más allá de nuestra buena voluntad y disposición y las del embajador Reina, el incómodo y extraño silencio de Almagro seguía, sin el menor atisbo de cambio.

La Comisión de Venecia estableció que para hacer legal la reelección presidencial en sistemas políticos, se debe modificar la Constitución Política a través de un escrutinio público o popular, pero que aun si se hiciera esto, se estaría atentando contra la salud del sistema democrático de un Estado, ya que al eliminar los límites del poder, o en concreto, los límites de la reelección, no se está haciendo otra cosa que legitimar o justificar jurídicamente la perpetuación en el poder, y por tanto, la tiranía.

Hacemos este sucinto recuento de solamente una de las gestiones que se llevaron a cabo en el ámbito internacional, con el fin de sentar un precedente escrito del viraje que últimamente han tomado los criterios del secretario general de la OEA en torno a la reelección en Bolivia. Las gestiones quedaron en nada para hoy, pero quedan imborrables como antecedente de lo realizado en pro del Derecho y la democracia para un mañana.

¿A qué precio puede vender al diablo un hombre su alma?

El autor es licenciado en Ciencias Políticas.