Ante países garantes
> Después de la atención que Brasil y Colombia le dieron a la defensa del 21F, el oficialismo se pone alerta y dice que la Corte – IDH no tendrá tiempo para pronunciarse sobre la consulta por la repostulación de Morales
El respaldo y los compromisos de los gobiernos de Brasil y Colombia, países garantes de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, que aceptaron solicitar una opinión consultiva sobre si la repostulación es un derecho humano, pusieron en alerta al Gobierno del MAS que ayer protestó por la “injerencia” de Colombia, pero, semanas atrás no dijo nada por el apoyo del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro.
“Nosotros hemos actuado siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de Colombia, respecto a sus asuntos internos, y nosotros también exigimos el mismo tratamiento con los países con quienes nos relacionamos”, dijo ayer el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió las firmas de miles de bolivianos que solicitan elevar la consulta ante la Corte de San José. El Comité Cívico de Santa Cruz informó que el mandatario aceptó de inmediato hacer activar el procedimiento.
A principios de este mes, el representante cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la senadora Carmen Eva Gonzales y activistas del 21F viajaron a Brasil donde fueron recibidos por el canciller Ernesto Araújo, quien también se comprometió a consultar ante la Corte-IDH si el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la reelección indefinida es un derecho humano, tal como lo planteó la sentencia del TCP que habilitó a Evo Morales para repostularse a la Presidencia de Bolivia.
En la reunión, Araujo se encontraba con su equipo jurídico a quienes instruyó que inicien lo más antes posible los trámites necesarios para solicitar al organismo internacional que pueda interpretar el artículo 23 del Pacto de San José con la finalidad de que se tenga una respuesta antes de las elecciones generales del 20 de octubre de la presente gestión.
El encuentro con Araujo no mereció la atención ni protesta del Gobierno boliviano. Postura distinta con Colombia y su presidente Iván Duque.
OFICIALISMO
Sobre el pedido que ya es de conocimiento de los países garantes de la CPE, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, apeló a interpretar los plazos que se toma la Corte - IDH para resolver las solicitudes de opinión consultiva, e insinúa que las medidas que asumen los opositores quedarán fuera de los plazos, cuando el país está a cinco meses de las elecciones generales.
La legisladora precisó que de acuerdo a una revisión de las resoluciones sobre opiniones consultivas que recibió la CorteIDH, usó entre un año y ocho o seis meses, incluso manifestó que en 40 años de funcionamiento de este organismo solo fueron aceptadas 25 solicitudes.
Dijo que se entienden los plazos, porque la Corte realiza entrevistas, un trabajo en campo y una fase escrita “lo que tiende a alargar los plazos, independientemente de los plazos, el Secretario de la OEA (…), lo cierto es que el Sistema Interamericano no puede tener un doble sentido al momento de realizar alguna interpretación”, sostuvo.
En tanto, el exvicepresidente y candidato Víctor Hugo Cárdenas excribió en su cuenta de Twitter: “¡Brasil y Colombia consultarán a Corte Int DH si reelección indefinida es DDHH! Ambos Estados gestionarán que la Corte IDH se pronuncie antes de las elecciones en Bolivia. ¡GobMAS está nervioso y tiembla! Se caería su única argucia”.
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