Una historia sin fin

Seis años después de haberse instalado en Santa Cruz, el Juicio del Siglo (magnicidio, terrorismo y separatismo) se ha vuelto un proceso marchito del que se espera su disolución. La acusación no ha logrado convencer de las supuestas razones para su instauración, salvo una conjura tenebrosa que en algún momento podría recaer sobre sus forjadores.

La semana que pasó puede sumarse a las otras tantas sin avances significativos, salvo la tediosa lectura de números telefónicos salidos desde los teléfonos de los acusados a través de las distintas compañías telefónicas del país. Es como buscar una aguja en un inmenso pajar en el que la acusación espera el milagroso surgimiento de alguna prueba que le permita sustentar la idea de que en Bolivia se gestó un gran movimiento separatista, combinado con actos terroristas.

Al paso que lleva, la lectura de números tendría siquiera un año más por delante, según estiman los abogados de la defensa, con lo que el juicio ya se perfila como uno de los más prolongados del siglo. La novedad de las sesiones de estos días fueron las debilidades que aquejan a la salud del tribunal: el juez Fernández se esfuerza por controlar una diabetes que lo ha tenido en reposo durante algunas semanas y las jurados procuran evitar recaídas como las que ya tuvieron el año y anteaño pasados, que obligaron a interrumpir las audiencias. La muerte de la madre de una de las jueces obligó al juez a suspender sesiones durante gran parte de mayo, a lo que se sumaron las bajas temperaturas de la semana que hicieron de las sesiones un suplicio para acusados y acusadores.

“Es el proceso más lento y aburrido que me ha tocado en toda mi vida”, me dijo uno de los abogados defensores. “Ni en sueños se podrá alcanzar la meta del gobierno, que era de llegar a la etapa de sentencias antes de las elecciones nacionales de octubre”. Ante esta realidad, en los acusadores ha desaparecido el empeño que manifestaban el año pasado y comienzos de 2019 y los fiscales ahora parecen resignados a perder aquella meta.

El objetivo de los parientes que murieron en el ataque al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 no ha variado. Los familiares y amigos del irlandés Michael Dwyaer, ultimado de un balazo a quemarropa que le partió el corazón, del húngaro Arpad Magiarosi, a quien una bala le atravesó la traquea, cuando, al parecer extendía los brazos entregándose, y de Eduardo Rózsa Flores, quien ya herido mortalmente recibió al menos siete balazos, mantienen vigilancia sobre los tribunales internacionales que han acogido el caso y esperan avanzar hacia un veredicto apenas la justicia boliviana concluya el proceso en el país.

Otro abogado que como sus compañeros en el juicio insiste en el anonimato, dijo que el gobierno no admite en público su preocupación con el caso, pero sabe que las baterías de la justicia irlandesa, húngara y croata, están prontas para actuar apenas el caso concluya en Bolivia. “Es como una espina clavada en el zapato de todo el gobierno, y de quienes actuaron aquella madrugada”, dijo. El presidente Morales admitió que él dio la orden de ataque sobre el grupo hospedado en el Hotel Las Américas.

Svonko Makovic Rivera, uno de los acusados, consiguió aflojar la severidad de su privación de libertad, bajo la que está desde 2010. El viernes tuvo una victoria al conseguir un fallo a su favor en una audiencia de Habeas Corpus. El juez decidió autorizar la suspensión de la vigilancia policial domiciliaria y que pueda trabajar. El joven es dirigente del Comité pro Santa Cruz. “Por fin”, escribió en un escueto tweet en el que realzó el trabajo profesional de su abogado, el penalista Gary Prado Arauz.

Las audiencias deberán reanudarse a principios de junio.

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