Angélica Siles Parrado
La Constitución Política del Estado en su Art. 172.I establece: “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”. En el Referéndum del 21 de febrero de 2016 se hizo consulta para la modificación del Art. 168, “El periodo de mandato del presidente es de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”. El triunfo del pueblo que dijo NO es vinculante y debe ser acatado por cualquier servidor público.
En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional con la Resolución 084/17 dio luz verde a la reelección indefinida, sin tomar en cuenta el VOTO del soberano del 21F. Igualmente lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. Ambas instituciones desobedecieron lo que dice la CPE y el mandato del 21F.
El Pacto de San José de Costa Rica X en el Art. 64 establece: “Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”. Para esta consulta se recogió 500.000 firmas, trabajo realizado por las Plataformas que defienden la Constitución y el Voto del 21F en las calles de Bolivia.
Y el Presidente de Colombia fue uno de los garantes de la aprobación de la Constitución elaborada por la Magna Asamblea Constituyente en 2007 y reformada sin ninguna competencia por Álvaro García, en componenda con los partidos de entonces. El expresidente Andrés Pastrana e Ivan Duque, actual presidente de Colombia, recibieron de representantes de Bolivia las hojas con las firmas del pueblo boliviano, para que se solicite una opinión consultiva a la CIDH, sobre si es un derecho humano la reelección indefinida de un presidente, por encima de las limitaciones a mandatos, establecidas en una Constitución.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su visita a Bolivia, especialmente al Chapare, participó del inicio de campaña inconstitucional de Morales, acto que se realizó en el Aeropuerto de Chimoré, y festejando con guirnaldas de coca expresó: “Decir que Evo Morales hoy no puede participar en las elecciones generales, eso sería absolutamente discriminatorio..”, y que no tiene ningún respaldo jurídico de la entidad para observar y criticar la repostulación de Morales.
Luego, en su paso por Argentina, no fue recibido por el presidente Mauricio Macri, solo habló con Marcos Peña, Jefe de Gabinete y el Secretario de Asuntos Estratégicos. Como el objetivo personal de Almagro es lograr respaldo de Argentina para su reelección como Secretario de la OEA, cambió su postura y manifestó: “Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano”. Esperemos que Argentina no lo respalde y en Bolivia se haga una amplia campaña contra la repostulación de Almagro, por el apoyo a la tercera repostulación indefinida de Morales, catalogada como una violación a la Carta Democrática Interamericana. Almagro trata de desincentivar a los demócratas del continente americano, con su postura ambivalente, errática y conducta bipolar, por lo que en el pasado el expresidente José Mujica lo cuestionó y el Frente Amplio del Uruguay lo expulsó de sus filas.
Es de lamentar que el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, llamara a la tolerancia frente a las expresiones que vertió Almagro, en nuestra patria y contra legisladores bolivianos. Por lo tanto surgieron pedidos para agotar las instancias de rechazo a su postulación a la CIJ, por traicionar los preceptos constitucionales de derechos humanos de bolivianos.
El servidor Evo Morales permitió y defendió a un extranjero como Almagro, con su asesor Gustavo Cisoni, exasesor de Cristina Kirchner (hoy en proceso por corrupción) que vino a insultar a legisladores bolivianos, tratándolos de “ignorantes y fanáticos”. Ante estos hechos nefastos para la democracia boliviana, exigimos al servidor Evo Morales declinar su re-repostulación a la candidatura ilegal e inconstitucional y cumplir la Constitución, como juró en el momento de tomar el poder.
El autor es Economista y Abogada
Constitucionalista.
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