Informe de lucha contra las drogas debe ser auditado

El informe del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, que aseguró que se destruyeron 35 mil fábricas para la producción de droga y se quemaron más de 200 toneladas de cocaína en los últimos 10 años, no es creíble para el abogado, Jorge Santistevan. El especialista en temas de seguridad planteó que para que esos datos sean confiables se debe realizar una auditoría externa.

“Una auditoría externa y una comisión independiente al Gobierno que verifique los datos de lucha contra el narcotráfico darán credibilidad a los informes del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, señaló ayer el abogado Jorge Santistevan.

La pasada semana, el viceministro Cáceres informó que durante la última década, 35.878 fábricas de drogas fueron destruidas en el país y se incineraron 231 toneladas de cocaína en 116.440 operativos antinarcóticos.

Los datos se fueron presentados ante Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO).

Según datos del Gobierno, en los primeros cinco meses de este año, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) logró erradicar 2.912 hectáreas de cultivos de coca ilegal en los Yungas de La Paz y en el trópico de Cochabamba.

Al respecto, Santistevan afirmó que para que el informe tenga legitimidad lo primero que debe hacer Cáceres es pedir una auditoria externa e independiente de los informes de erradicación del cultivo ilegal de coca y lucha contra el narcotráfico.

“Tiene que crearse una comisión interinstitucional que avale el informe que da Cáceres sobre la gran cantidad de droga incautada e incinerada además de una auditoria para que sea creíble”, subrayó.

En ese marco insistió en que esa auditoría debe estar a cargo de una instancia internacional, o sea de una instancia donde ninguno de los órganos o poderes del Estado pueda interferir.

En criterio del jurista, es importante que una auditoria ajena al Viceministerio de lucha contra el narcotráfico respalde el informe y los datos presentados ante la comunidad internacional.

“En una oportunidad le negaron el ingreso a una comisión de las Naciones Unidas al trópico cochabambino, los bloquearon por 24 horas, ellos querían conocer las actividades que se realizan ahí, pero no los dejaron entrar”.

Para el abogado, esa acción representa un indicio de irregularidad de la lucha contra el narcotráfico, si bien existe datos de erradicación de coca en los Yungas, no se estaría procediendo de la misma manera en el Chapare.

Cáceres en el informe señala que en el Chapare se erradicaron 2.417 hectáreas y en los Yungas, 344 hectáreas, además de reportar un incidente con la Federación de La Asunta, quienes se presumen amenazaron a los policías que eliminaban los cultivos ilegales.

El jurista agregó que los países vecinos optaron por incrementar militares en la frontera con Bolivia, ante los constantes reportes de tráfico y producción de sustancias controladas en nuestro país.