II
Juan Pablo Cárdenas S.
Así también se puede explicar que un diputado de la República de Chile choque con su automóvil y atropelle a una persona para, enseguida, huir del lugar y evitar el agravante de conducir en estado de intemperancia alcohólica. Así como años antes, otro parlamentario lograra también salvar a su hijo de una condena por manejar ebrio y matar a un transeúnte. Dilaciones procesales y lenidades judiciales que hacen al hijo de la ex mandataria Bachelet estar seguro que resultará impune de las múltiples denuncias que se le han hecho por tráfico de influencias y fraude al Fisco. Con el descaro añadido de criticar públicamente a Sebastián Piñera por haber llevado a sus hijos a su última gira presidencial.
Desde siempre, hay que reconocerlo, la carrera judicial está altamente condicionada por la posibilidad de que los jueces tengan “buenos contactos” en La Moneda o el Parlamento, instancias donde se “negocia” sus ascensos entre los distintos sectores políticos. La falta de independencia del Poder Judicial, en este sentido, así como la inexistente autonomía presupuestaria de nuestra jurisprudencia, explican buena parte de estas impunidades y, ahora, que sean los propios magistrados los que buscan también enriquecerse con coimas y favores de los empresarios y políticos que son investigados por el Ministerio Público. Como lo indican esas denuncias concretas, como se sabe, en la Sexta Región del país, pero que se supone pueden estallar en todo el país y muy especialmente en las notarías, cuyos titulares son nombrados por los jueces en connivencia con los caudillos locales y regionales.
La misma discusión que se ha abierto, ahora, para el nombramiento de una nueva integrante de la Corte Suprema ha develado en estos días cómo los que llegan al máximo tribunal solo por excepción pueden exhibir nada más que los méritos profesionales para desempeñarse en dichas funciones. Ya hemos señalado antes cómo los jueces cómplices de los crímenes de Augusto Pinochet lograron mantenerse en sus funciones por otros largos años, en la certeza que muchos políticos tenían de que era preferible entenderse con los jueces corruptos y abyectos que arriesgarse a renovar nuestros tribunales con integrantes idóneos e independientes.
De esta manera, parece muy difícil que quienes tienen que legislar puedan acordar leyes para otorgar independencia a los jueces y terminar con las prebendas que actualmente tienen como “representantes” del pueblo. A ello debemos agregar la legitimidad que surge de aquellas acciones de resistencia ciudadana para evadir el cumplimiento de las leyes.
Para negarse a pagar, por ejemplo, las tarifas de la locomoción colectiva o de la electricidad, burlar las leyes del tránsito y buscar el enriquecimiento rápido y fácil con el tráfico de drogas, los asaltos y otras prácticas que nos han llevado a constituirnos en un país peligroso y acosado por el miedo. ¿Por qué no robar y delinquir cuando lo hacen con desparpajo los gobernantes, los militares y las policías, los jueces y hasta los sacerdotes y pastores?
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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