Israel Camacho Monje
Es de conocimiento general, que en un pasado lejano (*) solamente los hijos de contadas familias económicamente pudientes eran inscritos en las escuelas, colegios y universidades públicas de nuestro país. Y una vez egresados, recibían sus títulos de flamantes profesionales.
Esos títulos profesionales universitarios (originales) obligadamente tenían que ser presentados para cualquier solicitud de trabajo, ya sea en instituciones del Estado o en empresas privadas.
También es de conocimiento general que los hijos menores de edad de las familias de escasos recursos eran inscritos solamente en el ciclo primario, y porque según nuestra Constitución Política del Estado “era obligatorio”. Y los hijos de doce años para adelante, resignados a no entrar en los colegios y mucho menos a pensar en entrar a las universidades, estaban obligados a buscar trabajo, los unos como ayudantes en talleres de mecánica, carpintería, zapatería, y cuyos bajos salarios percibidos, semanal o mensualmente, eran entregados en su totalidad a sus progenitores, como ayuda para el sostenimiento de sus hogares.
Y los otros tenían que buscar trabajo de lo que sea, tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas, y si bien eran admitidos, solamente para realizar labores de limpieza y mensajería, después de algunos años pasaban a ocupar cargos como auxiliares de oficina, y después de muchos más años de trabajo en una variedad de cargos, recién eran tomados en cuenta dentro de la “carrera administrativa”. Y gracias a sus esfuerzos y perseverancia finalmente llegaban a ocupar -por méritos propios- cargos de importancia, en su calidad de empleados “empíricos”, esto es, que se apoyaban exclusivamente en sus años de experiencia y observación, y no así en la teoría aprendida.
Los empleados empíricos, lamentablemente, nunca han sido tomados en cuenta para que participen en cursos y seminarios auspiciados por los organismos nacionales o internacionales sobre la correcta administración pública, que eran realizados todos los años en Bolivia, y cuyos requisitos claramente establecían que solo podían participar los profesionales titulados en las universidades nacionales o extranjeras.
Y aquí viene el contrasentido, porque los profesionales que egresaban de las universidades nacionales y extranjeras, lo primero que hacían era entrar a trabajar en la Administración Pública, o más propiamente dicho, para llevar a la práctica todo lo que han estudiado teóricamente. Y gracias a la ayuda de esos empleados empíricos es que en poco tiempo lograban su propósito de complementar la teoría con la práctica, y después simplemente se retiraban de la Administración Pública para ir a trabajar en las empresas privadas, esta vez como experimentados profesionales. ¿Qué lástima, verdad?
(*) Situación que no ha cambiado y a pesar de los años sigue vigente.
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