Carpinteros marcharon a favor de normativa aprobada por ABT

La Confederación Nacional de Carpinteros Ebanistas y Artesanos en Madera de Bolivia, Asociaciones, Federaciones y Sindicatos del mismo rubro realizaron una marcha hasta las oficinas de la Dirección Nacional de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), para brindar su apoyo a la institución estatal, por haber aprobado la Resolución Administrativa 134/2019, que regula la importación de tableros aglomerados, marcos, puertas y ventanas.

Consideran que es una medida que promueve y protege la industria nacional, además de reactivar al sector forestal, “que por más de 6 años se ha visto perjudicado con el cierre de más de 5 mil centros productivos, lo que ha originado el desempleo de aproximadamente 26 mil personas, a causa de la importación de los productos forestales mencionados”.

APROBADA POR LA ABT

La Autoridad de Bosques y Tierra (ATB), el 15 de mayo de 2019, aprobó la Resolución Administrativa 134/2019, que permite la implementación de las subcategorías de CFO E11, E12, E13 y E14, que según el director de la Institución Estatal, Cliver Rocha, es una medida que tiene la finalidad de proteger y reactivar la producción, industria y mercado nacional, coadyuvar al manejo integral de los bosques, además de generar más de 18 mil fuentes de empleo, y dar mayor viabilidad económica a los operadores forestales.

Asimismo, el ejecutivo informó que la norma no incluye ni afecta a la importación de tableros melamínicos y, a su vez, manifestó que era un constante pedido del sector forestal que ya no podía hacer frente al gran ingreso de esos productos forestales, que por sus bajos precios y los volúmenes de producción generaron el cierre de unas 5.000 unidades productivas, dejando sin trabajo a unas 25.000 personas.

“Con la aplicación de la subida de los valores de los CFO de importación de tableros y otros, se espera que la producción forestal de madera en tronca aumente a más de 219 mil m3 por año, con lo que se generará un movimiento económico en la región de 10 millones de dólares, sin contar el movimiento económico que generaría la industrialización y una recuperación en ingreso para los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) comunitarios, de más de 3 millones de dólares, solamente por la venta de árboles en pie”, acotó Rocha.

Asimismo, la autoridad precisó que no se busca perseguir al importador, pero es deber de la institución buscar los mecanismos legales que de alguna manera protejan a la industria nacional.