Impunidad en Epsas es por el sometimiento de poderes

La dependencia del Ministerio Público al Gobierno Central permiten la impunidad de las exautoridades de Epsas porque se determinó cerrar el proceso judicial mediante resolución de sobreseimiento en la crisis del agua de 2016 que generó perjuicio a 140 barrios de la ciudad de La Paz, según coincidieron en afirmar el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, y el analista social Iván Arias, de manera separada.

El pasado viernes, la Fiscalía, ante la imposibilidad de individualizar conductas o “ante la imposibilidad de que estos sujetos procesales sean acusados o que tengan que escuchar la resolución de sobreseimiento, porque no existe elemento probatorio fuerte”, determinó la cancelación de procesos judiciales en contra de responsables de la administración del servicio de agua potable para La Paz, cuando 140 barrios se vieron perjudicados de noviembre de 2016 a febrero de 2017.

“Ante la no impugnación de la resolución de sobreseimiento, el caso habría concluido”, informó Andrés Zúñiga, abogado de dos implicados que fueron liberados de culpa.

Para el analista Iván Arias, cerrar el caso representa la aplicación de la norma del actual Gobierno, “no le importa solucionar los problemas, sino taparlos cuando toca a gente de su régimen, porque cuando no son de su régimen por supuesto les inicia procesos hasta verlos en la cárcel con pruebas o sin ellas y sin sentencia como el dirigente de los Yungas Franklin Gutiérrez. Por lo tanto, han decidido que el tema del agua ya ha pasado, que la lluvia lo ha solucionado, por lo tanto buscan tapar a los responsables”, lamentó.

Para el analista este modo de operar del ejecutivo es recurrente, con varios casos anteriores, en los que se demuestra que no existe dependencia de poderes, “el Gobierno controla todo, el Judicial, Electoral, Defensor del Pueblo. En el caso de la ciudadanía de memoria frágil, ya olvido la crisis y por todo lo que ha pasado, por eso, nadie hace frente a ese problema”, expresó.

En tanto, Waldo Albarracín, rector de la UMSA, dio a conocer que dicha irregularidad se enmarca por el control absoluto que tiene el Gobierno sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial, “solo para salvar la crítica pública han realizado en su momento un amague de show de despidos a funcionarios medianos, se anuncian procesos, pero es estratégico, porque con el tiempo nadie es procesado y se consolida la impunidad de los responsables, porque saben que la sanción a una autoridad vinculada al Gobierno les afecta políticamente y el control fáctico absoluto que realizan en estas entidades (anteriormente mencionadas), solo son utilizadas para el teatro a sabiendas que no pasa nada”, añadió.

Albarracín nombró varios de los casos como Chaparina, por ejemplo, que entre otros, que al igual que ahora Epsas; concede impunidad a las autoridades vinculadas políticamente al partido de Gobierno (el Movimiento al Socialismo-MAS).

“Es el escenario de una dictadura, porque así como utilizan a sus jueces y fiscales para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos e inconductas, esas mismas autoridades están encargadas de reprimir penalmente a quienes no responden al régimen del MAS, como varios dirigentes del sector de los Yungas”, concretó.

El 8 de noviembre de 2016, la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (Epsas) anunciaba a los paceños un racionamiento de agua en 140 barrios de la ladera Este y la zona Sur. La causa fue una baja en el embalse de todas las represas que alimentan la planta de potabilización de Pampahasi, que distribuye el líquido a más de 256 mil habitantes. Por primera vez, una ciudad preparada para lidiar con el exceso de lluvias tuvo que enfrentar su escasez de agua.

Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota son las tres represas que alimentan al Este y al Sur de La Paz. En menos de dos meses, sus embalses se redujeron hasta llegar, respectivamente al 8 %, 5 % y 1 % de su capacidad. La reserva mayor, Ajuan Khota, presentaba un panorama apocalíptico. Quedó al descubierto el fondo de lo que fue una laguna de cuatro millones de metros cúbicos. La tierra mezclada con piedras pizarra azuladas evidenciaba al menos tres capas de agrietamientos.

El presidente Evo Morales anunció la destitución de Benecio Quispe y Rudy Rojas cabezas de la Autoridad Reguladora de Agua (AAPS) y Epsas, respectivamente. En su lugar ingresaron Víctor Rico y Humberto Claure, ambos nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Siguió una serie de denuncias; como por ejemplo los sueldos de más de Bs 32.000 en Epsas y contrataciones políticas y no técnicas.

El 23 de noviembre de ese mismo año, el gerente regional de El Alto, Roberto Rojas, fue destituido por “falta de capacidad técnica”, dichas autoridades incluido la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, debían asumir un proceso judicial que en la actualidad fue cerrado.