La funesta herencia de Pinochet

En Chile, antes de proponerse reformas sustantivas a un régimen político administrativo, en que todos los días demuestran que sus instituciones NO funcionan adecuadamente, lo único que se implementó fue el aumento de los curules parlamentarios, llegando a un número totalmente dislocado en relación con el tamaño de nuestra población. Diputados y senadores que, para irritación pública, perciben remuneraciones y otros haberes muy por encima del que obtienen los parlamentarios de Estados Unidos y de los ricos países europeos. Y, por supuesto, veinte a cuarenta veces más que el ingreso promedio de los trabajadores chilenos.

Como ya sabemos, las propuestas de reforma constitucional siempre prosperan en la víspera de los procesos eleccionarios. Sin embargo, una vez que se elige a nuestros supuestos mandatarios, legisladores y autoridades comunales, la clase política suele apoltronarse rápidamente en el poder y postergar toda posibilidad de cambio y ejercicio de la soberanía popular. Y es explicable que esto suceda, porque para alcanzar estos cargos de “representación” es preciso gastar millonarias sumas de dinero que al final importan mucho más que los sufragios obtenidos. Lo que puede comprobarse con las exiguas y hasta ridículas votaciones obtenidas por algunos candidatos del binominalismo instalados en nuestro Congreso, gracias a la componenda cupular y el desprecio absoluto a que estas instancias electorales siquiera se validen con la concurrencia a las urnas de más del 50 por ciento del padrón electoral.

Ya se sabe que la apatía ciudadana ha sido emulada por los propios jóvenes, cuando algunas de sus federaciones no han podido renovarse en virtud de antiguos reglamentos que solo validan los resultados cuando el 40 por ciento de los universitarios concurra a sufragar. Es sorprendente que el poderoso Movimiento Estudiantil que tanto hizo por combatir a Pinochet y por promover una reforma universitaria haya terminado tan desganado como las propias organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores.

Claro: cuando los últimos comicios de la Central Unitaria de Trabajadores son descalificados por sus vicios por el tribunal electoral correspondiente, es muy probable que la apatía prospere y se diluya la confianza que se puso con fervor en la política después de 17 años de interdicción ciudadana. Conste para comprobar lo que sucede que, según los sondeos de Latino barómetro, ya son más los chilenos y latinoamericanos que desestiman a la democracia como el régimen que mejor garantice los derechos políticos y sociales de la población.

Cuando son tantas las demandas frustradas en materia salarial, previsional y cultural; cuando la violencia se consolida en toda suerte de conflictos sociales, así como en la desbocada y cotidiana delincuencia, nuestro país próximamente pudiera encaminarse a una nueva ruptura de su paz social e institucional. No sería extraño que surjan, más temprano que tarde, nuevas asonadas golpistas y el caudillismo que siempre prospera cuando la política se desnaturaliza y se pierde el norte del interés nacional, la equidad social y la probidad de sus autoridades.

Considerada como ilegitima en su origen y contenido por tantos actores políticos y sociales, la Constitución pinochetista de 1980 amenaza, curiosamente, con extender su vigencia tanto o más que sus antecesoras de 1933 y 1925 que consolidaron nuestra institucionalidad republicana. Aunque es preciso insistir que ninguna de ellas consideró la participación popular en su gestación, lo que demuestra que nuestra vocación y solvencia democrática está muy distante de las de aquellos países que sí han dado asambleas constituyentes para definir sus normas de convivencia política e institucional. Regímenes que muchas veces son ninguneados desde nuestra política regida más de 30 años por las leyes que el Dictador nos legara.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

Barómetro Latinoamericano