El Tigre se defiende ante la notificación de embargo

A través de un mandamiento de embargo, ayer por la tarde, el club The Strongest se vio en aprietos.

De manera sorpresiva, funcionarios de Impuestos Nacionales, colocaron una nota en la puerta principal del Complejo de Achumani. Según la documentación a la que Deportes El Diario accedió, el juez Norman Espinoza Casablanca, reclamó el pago de un millón seiscientos trece mil quinientos noventa bolivianos.

La defensa del club atigrado no tardó en responder, Federico Villegas, abogado y dirigente explicó que el mandamiento está mal ejecutado y por ese motivo se presentará una demanda en contra el juez por cometer un error judicial.

“Estamos consternados por la manera en que se procedió, como abogado creo que hay pruebas para poder demandar al juez”, afirmó el jurista.

Ricardo Llano, ex dirigente atigrado, criticó la demanda y señaló que hay mala intención por mostrar este mandamiento justo en épocas electorales.

“En este preciso momento, justo cuando The Strongest, atraviesa un proceso de transición se de esta clase de hechos. La fecha de la orden que llega hasta el Complejo, es de enero, llama la atención que recién ahora se coloque en predi os del club. No nos preocupa porque está lleno de vicios de nulidad, como club siento que haremos todo para que se cumplan las normas establecidas legalmente”, disparó Llanos. La deuda por la que se embargó el club aurinegro, proviene del año 2004. “Hacemos cuentas y el problema proviene de la pasada gestión de Sergio Asbún. Antes se firmaba letras de cambio, para poder contar con la dosificación en impuestos internos, el proceso fue a los funcionarios del club y no así a su representante legal”, explicó el ex presidente del comité de fútbol. Mientras no haya una cabeza, se informó que los abogados trabajarán de oficio sobre este tema. Anoche, surgió un comunicado del directorio atigrado, donde se dio cuenta que “el Club The Strongest, reclamó de manera oportuna, el error judicial, aclaramos que jamás se notificó al club con la demanda, sentencia u otro tipo de actuaciones legales intermedias, violandose los derechos y garantìas constitucionales a la defensa y al debido proceso. Lo que amerita la nulidad de todo el proceso”. “Se interpondrán de inmediato las actuaciones legales de defensa correspondiente y se procederá a realizar la denuncia en contra del juez responsable”, dice la nota donde se cursa que “nuestro patrimonio no estuvo ni está en riesgo”.

Baldo Ramallo