Piden investigar a UE por crímenes de lesa humanidad

La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo por crímenes de lesa humanidad. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Los juristas que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio.

La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.

A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya –a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos–, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”.

Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

OPERACIONES

Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: “Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. “Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. Fuentes de Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a la detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.

Aclararon que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añadió la portavoz.

Para que la denuncia prospere, la Fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.

LIBIA

El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”.

“Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostuvieron en la denuncia. Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”.

ASESINATOS, VIOLACIONES Y TORTURAS

Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país".

"Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostuvo, sin embargo, Omer Shatz, docente de Derecho Internacional de la Universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años.

Shatz fue miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.

Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales, dudó de la viabilidad jurídica de la denuncia.

“La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”, agregó.

Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario.

Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales.

(El País – España)