Una de las herramientas más efectivas para negar a los narcotraficantes algunos beneficios, especialmente los del refugio, es la extradición. Es un tema difícil y delicado en los tiempos modernos. Debemos considerar la extradición como una manera de unir a los países en esfuerzos cooperativos, coordinados contra el narcotráfico internacional y otros delitos transnacionales.
La extradición es una herramienta esencial para promover la justicia y el imperio de la ley. Asegura que los fugitivos sean arrestados y enjuiciados de la manera más efectiva posible. Se basa en el principio sólido y lógico de que un fugitivo debe ser enjuiciado en el lugar donde se cometió el delito o donde el efecto del delito se sintió más, y el sistema de justicia penal puede, en ese momento, garantizar mejor un enjuiciamiento efectivo.
La extradición es también un sistema efectivo, equitativo y humano para reconocer los derechos de las víctimas del crimen y de sus familias. Es hora de ponderar y proteger los derechos de las víctimas del tráfico de drogas transnacional, así como los de los delincuentes mismos. En mi opinión, los casos deben ser tratados donde convenga más a los intereses de la justicia en general.
Además de mejorar las relaciones de extradición, nuestra meta común debería ser la entrega universal de los propios ciudadanos de un país a la jurisdicción penal de otros países, de acuerdo con el sitio donde se cometió el crimen, o el impacto que ha tenido, y la efectividad de la jurisdicción para asegurar un encausamiento pleno y justo. Los países deberían conceder la extradición de sus propios ciudadanos basándose en la teoría de responsabilidad de las propias acciones, donde quiera que se realicen. Los ciudadanos acusados de delitos que afectan significativamente a otros países deberían ser extraditados a ellos.
El éxito sustancial en estas diversas medidas no pondrá fin inmediato a la oleada de narcóticos ilegales, pero en algún momento reducirá significativamente la cantidad de drogas que fluyen a nuestras calles, pueblos y ciudades.
De vemos tener confianza en que, junto a los demás países del hemisferio, podamos responder como país a las amenazas nuevas que surjan.
El Estado Boliviano no solamente está amenazado sino penetrado por el narcotráfico y no solamente en nivel de los organismos dedicados a la represión, como la Policía, sino que el traficante de drogas, con un criterio criminal muy agudo, está tocando otros resortes de poder y ha reclutado una base estable de funcionarios estipendiados por este sector. No solo eso, sino que estamos entrando en una fase peligrosísima de amenaza de violencia generalizada en el país.
Nuestras relaciones con EEUU debieran ser transparentes y el pueblo boliviano que conozca la verdad, así terminarán los misterios y especulaciones.
Interrumpir relaciones bruscamente y expulsar al Embajador de EEUU y a la DEA, por parte del actual gobierno, ha sido una equivocación. Solamente fue una medida demagógica, pretendiendo demostrar antimperialismo, lo que no condice con los principios del Derecho Internacional.
El autor es abogado.
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