Coca para uso ilícito debe ser erradicada

Según denuncias de la oposición y de dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), “uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta realizan operativos destinados a erradicar la coca en las plantaciones declaradas legales”; señalan que están amparados por la Constitución y las leyes, que son “atropellados por la fuerza con que realizan los operativos las Fuerzas de Operación Conjunta”.

Muchas veces se ha sostenido que la erradicación de coca “se realizaría en tanto y en cuanto la producción sea mayor a la permitida por ley”; esto debería implicar que en las plantaciones donde se cultiva coca amarga y dura, debe producirse la erradicación, es decir particularmente en el Chapare y otras zonas, como en algunos parques nacionales, a donde se habrían expandido dichos cultivos. Y es que se sabe que solo en los Yungas de La Paz se trata de “coca dulce y suave” que sirve para el masticado y usos tradicionales. Este es un problema que debe ser aclarado por el gobierno, puesto que parecería que no se quiere entender que en gran parte la coca que no sirve para el acullicu tiene destino ilícito.

El caso siempre ha dado lugar a criterios de diversa índole, porque es sabido que la coca masticable y para fines tradicionales “debe ser la producida en Yungas” y la otra, la producida en el Chapare y regiones adyacentes, por ser “dura y amarga” tiene que ser erradicada. Se dijo también que en el Chapare solamente una parte estaría destinada al narcotráfico y la otra -en mínima cantidad- al uso tradicional; pero surge la reflexión: “si la producida en Cochabamba y sus provincias como Chapare no sirve para masticar y usos tradicionales, ¿cómo se la utiliza en vez de la coca de los Yungas que es vendida en varios sitios del mismo Chapare?”.

El hecho denunciado de que la Fuerza de Tarea Conjunta utiliza métodos atentatorios contra los derechos humanos, da razón para las protestas y reclamos y son la Felcn y Umopar las organizaciones que deberían impedir abusos que se cometa contra quienes cultivan coca para masticación o que es expendida en mercados legales. En todo caso, nadie, por autoridad que tenga, puede atentar contra los derechos humanos.

Sería interesante conocer, con miras a encontrar aclaraciones precisas, que sean los altos dirigentes - especialmente el presidente de las seis federaciones de cocaleros- los que aclaren y establezcan realidades; que actúen en los casos de erradicación e impongan lo que las leyes señalan; de otro modo, los problemas pueden adquirir dimensiones graves e imprevistas, al margen de causar división muy seria entre los campesinos. Por supuesto, al narcotráfico lo único que le interesa es que la coca que precisa para procesarla le sea provista debida y oportunamente.