Hacia una nueva estrategia de lucha contra el contrabando en Bolivia

La reciente noticia sobre el ataque de contrabandistas a militares en la frontera orureña (Véase: https://fmbolivia.com.bo/contrabandistas-emboscan-a-militares-y-queman-tres-vehiculos-en-municipio-eucaliptus-de-oruro/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) no debería sorprendernos. Hay un adagio popular que dice: “Cría cuervos que te sacarán los ojos”. Me pregunto si se podría esperar otra cosa después de que el propio vicepresidente del Estado hiciera hace poco una verdadera alegoría al contrabando, vanagloriando a quienes tenían autos “chutos” en una comunidad del norte paceño (https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190319/garcia-linera-chulumani-todos-tienen-su-carrito-chuto-no-importa-pero). No recuerdo período de gobierno anterior en que el país hubiera estado tan a la deriva en este orden de cosas. ¿Con qué cara pretende el régimen de turno controlar el contrabando?

Está claro que el país no puede continuar la zaga de equivocaciones de años recientes. Necesita repensar su estrategia de lucha contra el contrabando, la cual no debería apartarse de una nueva estrategia de desarrollo nacional. En esencia, el contrabando se define como la evasión total de los aranceles e impuestos aplicables a la importación de bienes provenientes de otros países. De recolectarse, estos tributos cumplirían al menos dos funciones.

En primer lugar, serían un costo adicional tanto para los consumidores de bienes finales importados como para los productores domésticos que necesitan insumos o bienes de capital extranjeros, razón por la cual constituyen incentivos o desincentivos para la población en general o la producción nacional. En segundo lugar, representarían ingresos fiscales.

En los últimos 13 años, ha prevalecido la segunda función de los tributos de importación porque el gobierno requiere contar con cuantiosos ingresos para solventar su aparato rentista y prebendal. Esto le ha obligado a recurrir incluso al ejército para combatir el contrabando. Aunque no se debería descartar el uso de la fuerza para defender los intereses del Estado, resulta imprescindible preguntarse a qué motivaciones responde todo esto.

Las intrincaciones entre una creciente población subempleada que alimenta todos los días el sector informal de la economía, muy vulnerable al contrabando y la falta de una estrategia de desarrollo nacional conducen a las principales autoridades del gobierno a adoptar posiciones ambivalentes respecto de este flagelo. Urge entonces establecer un vínculo estrecho entre la lucha contra el contrabando y el desarrollo nacional que vaya más allá de la búsqueda de mayores recaudaciones tributarias. Para ello, es necesario fijar nuestra atención en la resolución imperativa de la dicotomía extractivismo-industrialización, agravada en los últimos años, precisamente, por quienes se jactan de haber manejado con prolijidad nuestra economía.

De acuerdo con un reciente análisis (Véase: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=181&cf_id=77), a la fecha, nuestro país habría llegado a niveles intolerables de extractivismo (96%), habiendo quedado sometido a la volatilidad de los precios internacionales de nuestras principales materias primas de exportación. Como correlato de lo anterior, la exportación de bienes manufacturados, reducida a apenas un 4% de las exportaciones totales, reflejaría un proceso de desindustrialización alarmante.

En estas circunstancias, el país debería redefinir sus ventajas competitivas para articular cuanto antes un régimen selectivo de incentivos dirigidos a una transformación genuina de nuestra economía.

El autor es Economista.