Revilla advierte estrategia del MAS por caso Brun

La Contraloría General del Estado (CGE) activó una demanda coactiva y un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó una denuncia penal, por separado, contra el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, y el burgomaestre Luis Revilla por la indemnización de Bs 19,9 millones en favor de Juan Brun. El principal aliado del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) advirtió que esta es una estrategia del oficialismo para desprestigiar su administración con fines electorales.

Revilla cuestionó que hace dos semanas el diputado del MAS, Remberto Calani, activó una demanda penal en su contra por la presunta responsabilidad del pago de Bs 19.9 millones a Brun, causando un daño económico al municipio. Y de forma repentina la Contraloría General del Estado, también inició una demanda de repetición contra el exalcalde paceño para que devuelva la indemnización al ciudadano por la demolición de un inmueble que se encontraba en un área verde.

“Todo tiene tinte político, sino no hubiera sido un diputado del MAS el que ha iniciado un proceso penal contra el exalcalde (Juan del granado) y contra mí en un año electoral. Creemos que se está tratando de proteger los recursos del señor Brun, hay algo extraño, porque el que consigue que se le pague de manera irregular 19 millones de bolivianos está siendo protegido y el gobierno le está dando la razón”, puntualizó el munícipe.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que esa decisión fue tomada después que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informará el 16 de mayo que no iniciará ninguna acción coactiva fiscal por este caso, tal como sugirió la Contraloría el 4 de abril de esta misma gestión.

El exalcalde paceño manifestó que actuó bajo el amparo de la norma y las disposiciones que emitieron tres instancias, tras realizar una investigación. y aseguró que “Juan Sin Miedo está acá y no se ha ido”, y consideró que el Gobierno pretende proteger a Brun con ciertos intereses.

DISPOSICIONES

Del Granado explicó que tras llegar a la Alcaldía evidenció la existencia de tres documentos que dispusieron la demolición del inmueble: la primera norma es la Resolución Defensorial 0019 expedida por la defensora Ana María Romero de Campero el 3 de marzo de 1999, en la que, tras una investigación, recomendaba a la Alcaldía la demolición de esas construcciones ilegales en La Paz.

El segundo documentos es la Ordenanza Municipal 139/119 dictada por el Concejo Municipal y firmada por, la entonces alcaldesa Gaby Candia el 17 de diciembre de 1999. Por último, con fecha 21 de febrero de 2000, el Ministerio Público emitió un dictamen firmado por el fiscal Rodolfo Moreira que también instruyó la demolición de ese inmueble por encontrarse en un predio del municipio.

“Como Alcalde, me cercioré durante varias semanas, asistido por la doctora Aida Camacho, asesora legal del municipio en la época, y comprobé la vigencia plena de tales resoluciones y comprobé los antecedentes ilegales y delictivos que rodeaban este caso y el 23 de mayo de 2000 procedo al cumplimiento estricto de todas y cada una de estas resoluciones y determinaciones que tomaron las autoridades a las que hecho referencia”, sostuvo.