Fiscalía solicitó detención domiciliaria para Barral

El Ministerio Público imputó al diputado Amílcar Barral (UD) y Henry Gonzales. La Fiscalía solicitó detención domiciliaria para el legislador y detención preventiva para su asistente, ambos denunciados por los delitos de cohecho pasivo propio, extorsión y uso indebido de influencias, informó ayer el fiscal Samuel Lima.

“La Fiscalía requirió la imputación formal para ambos ciudadanos, para el diputado nacional, medidas sustitutivas con detención domiciliaria y para su asistente detención preventiva en el penal de San Pedro. Los elementos colectados demuestran su posible participación y la existencia del hecho mismo”, dijo Lima.

El representante del Ministerio Público explicó que la detención domiciliaria y arraigo para Barral fue determinada, porque no se pudo establecer la flagrancia del hecho por parte del legislador, al contrario de lo que ocurrido con su asistente, razón por la cual se solicitó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. Sin embargo, Barral rechazó las denuncias y responsabilizó al exalcalde de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, de “armar” todo el caso e inculparlo por las investigaciones que realizó en su contra.

“El que armó esto es Patana, a quien denuncie por la venta de celdas al excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira (ambos vinculados con el narcotraficante Pedro Montenegro). Hemos hecho peticiones de informes, porque sabemos que Patana es el jilacata (autoridad) del sector La Posta”, dijo.

El legislador aseguró que Patana vende y construye celdas al interior del penal de San Pedro, en su condición de delegado, incluso tendría la facultad de expulsar a privados de libertad de ese sector.

“Vi que estaba mi asistente y después entraron como 20 policías. Mi ayudante tenía que traer documentos de La Posta, donde están detenidos 19 policías, sobre la información de venta de celdas con precios hasta de $us 10.000, sobre cómo Patana maneja los quioscos y realiza construcciones ilegales de celdas, a tal punto que ha demolido baños para construir más celdas”.

Denunció que su asistente fue golpeado por efectivos policiales de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), quienes supuestamente le entregaron un sobre cerrado que después fue usado en su contra, señalando que era dinero que él cobró a privados de libertad.

El diputado mencionó que iniciará un proceso contra el director del DACI, por golpear a su asistente y por obligarlo agarrar el sobre, en el que se encontró Bs 6.500, que figura como prueba en su contra.