300.000 hectáreas para soya, cero para papa

La política económica del gobierno de Evo Morales, dirigida en lo principal a la industrialización y mínima atención a la agricultura, tendría como objetivo la “venezolanización” del país.

El gobierno ha invertido en obras industriales alrededor de 10 mil millones de dólares, recibidos gracias a los altos precios de las materias primas, pero solo ha hecho mínimas inversiones en la agricultura, lo cual confirma el abandono del aspecto más importante que encaran países como Bolivia: la alimentación del pueblo.

De otro lado, las industrias del Estado registran déficit, son ineficientes, producen pérdidas, no dan trabajo de calidad y la esperanza de que produzcan un “chorro de dólares” es más remota. Es más, algunas de empresas estatales están en quiebra y otras producen pérdidas multimillonarias, como el caso de YPFB que perdió cerca de 500 millones de dólares en la perforación de dos pozos en busca de gas.

Entre tanto, la agricultura está en ruinas, excepto la soya de la burguesía oleaginosa de Santa Cruz, cuya producción sirve en casi su totalidad para exportación, tiene escaso consumo interno y solo genera empleo estacional. En realidad, esa política está dirigida a dar muerte a la agricultura, pues apenas recibe alguna ayuda y es arruinada por el contrabando y las importaciones del Estado, que pasan los mil millones de dólares al año. Los bolivianos ya no comemos lo nacional.

Esa política económica antinacional empeora la situación. En efecto, fomenta la expansión de la agricultura y extenderá el cultivo de caña y soya en 300 mil hectáreas aproximadamente para producir alcohol como aditivo para gasolina y exportación, y agro diésel. Esa nueva superficie cultivada si bien trae empleo, da muerte a la “pachamama” y produce contaminación. Es más, no se piensa en cultivar una hectárea más de papa o trigo.

El único cultivo que merece apoyo del gobierno es el de la hoja de coca, pues se ha ampliado esa labor de 10 mil a 25 mil hectáreas, para producir más coca, cuya mayor producción en el Chapare es destinada en el 94% a fines no lícitos según funcionarios internacionales, cuando se sabe que el “acullico” disminuye.

Se trata, pues, de una política antidemocrática que solo busca divisas para importar alimentos y no para producirlas, lo cual conduce a catastróficas consecuencias.