Anunciaron medidas de presión
> Los choferes de base presionan a la Fiscalía para continuar con la investigación
Se formalizó la denuncia por estafa agravada con victimas múltiples, en contra de los seis dirigentes de la Federación 1º de Mayo, de quienes se presume desviaron el dinero destinado a un fondo prosalud, a cuentas personales. También se presentó la objeción a la resolución de rechazo emitido por la Fiscalía y la conversión de un delito de orden público a privado, informó ayer el abogado de la parte acusadora Frank Campero.
“Es una nueva denuncia aparte de las ya presentadas, contra seis dirigentes de la Federación 1º de Mayo, quienes no hicieron llegar el dinero a donde correspondía, ellos (choferes de base) se sienten estafados”, refirió el abogado.
El jurista explicó que con la objeción al rechazó emitido por la Fiscalía, se busca continuar la investigación sobre las denuncias en contra de los dirigentes de los choferes que recibieron depósitos millonarios, por parte de Vías Bolivia.
Días atrás, la fiscal Edna Montoya explicó que esa decisión fue tomada considerando que para el Ministerio Público no hubo daño económico al Estado y que los fondos en cuestión son de carácter privado.
“Si hubiese observaciones de cómo se manejó el dinero, deben ser los mismos afiliados a la Federación de Choferes los que deben pedir rendición de cuentas a sus dirigentes”, dijo Montoya.
Sin embargo, el secretario general del sindicato Pioneros de la Terminal manifestó que los choferes de base presionarán a la Fiscalía para continuar con la investigación. Además, adelantó que en el ampliado general de jefes y subjefes analizará las denuncias en contra de los seis dirigentes.
“Después del ampliado vienen las marchas y bloqueos en la ciudad de La Paz y no se descarta comenzar una huelga de hambre por parte de los dirigentes. Los miembros de base se abstendrán de votar en las siguientes elecciones de este año, porque nos enteramos que estos compañeros podrían ir como candidatos”, manifestó molesto uno de los afiliados.
El secretario general del Sindicato Pedro Domingo Murillo, Zenón Canaviri, expresó su molestia en contra de la justicia, consideró que era deber de la Fiscalía dilucidar el manejo de esos fondos económicos que son de propiedad para todos los choferes y no de unos cuantos dirigentes.
“Lo único que pedimos es que ese dinero sea destinado para la salud (0.20 centavos por concepto de peajes), lamentablemente los choferes de base no los recibieron. Pregunte, los compañeros le confirmaran que no les llego ni una aspirina”, expresó Canaviri.
Los dirigentes transportistas, Ismael Fernández, Rubén Sánchez, José A.Choque, Crisostomo Choque, Fortunato Sirpa, y Mario Silva, son acusados por la comisión de los delitos de apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
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