Propuesta ingenua de un candidato

En la separata dominical de un periódico colega paceño de fecha 4 de abril pasado, la periodista Roxana Ramos de Cadena comenta la propuesta del candidato de oposición y ex presidente Carlos Mesa, para que se efectivice una suerte de “pacto social” entre las organizaciones políticas del país y en consecuencia entre los bolivianos, para efectivizar un pacto democrático de largo plazo de objetivos que trasciendan los gobiernos, partidos e ideologías, que supere la permanente conflictividad en la que desenvolvemos la vida pública nacional, tomando como ejemplo el “Pacto de La Moncloa” que realizaron los españoles luego de la muerte del dictador Francisco Franco.

Este pacto social propuesto, sin duda, debería comenzar por el compromiso del respeto a la Constitución y las leyes del Estado y por la preservación de los valores democráticos, es decir el “Estado de Derecho”, que sería el camino para superar el permanente conflicto social y los males que nos aquejan desde la creación de la República de Bolivia.

Si partimos de la premisa que en ese pacto que propone el candidato y ex presidente deberá participar el actual régimen de gobierno que hace casi ya catorce años ejercita el poder del Estado, presidido por dos personas que han superado la previsión constitucional de sólo dos periodos en el ejercicio continuo del poder -y que contra la voluntad popular expresada en el voto el 21F, que rechazó una nueva postulación en las próximas elecciones de octubre venidero, aunque el presidente candidato declaró varias veces que acataría la determinación del pueblo en ese referéndum, luego buscó cuatro vías para desconocer la voluntad popular-, entonces resulta una propuesta ingenua, pues uno de los convocados incumple su palabra y no goza de credibilidad para que pudiera cumplir lo pactado.

Además el presidente candidato y dirigente máximo de los cocaleros del Chapare cochabambino dio ya muestras de insinceridad, cuando para aprobar la actual Constitución Política del Estado expresó que renunciaría a una nueva postulación, pero está en el ejercicio del poder tres gestiones consecutivas. Igualmente con el asunto de su ex pareja, conocido como el caso Zapata, dijo que había tenido un hijo, que le dijeron que había fallecido y que hizo aportes familiares para su sustento, para finalmente decir que nunca existió tal niño, pese a que había sido registrado en una Oficialía de Registro Civil, documentos que habrían desaparecido del expediente del caso en los estrados judiciales, como denunció el abogado León.

La propuesta que tiene, indudablemente, un fin social destacable, en lo concerniente al cumplimiento de las leyes por los gobernantes y dirigentes políticos, resulta poco efectiva, pues como lo manda la misma Constitución y la doctrina jurídica, las leyes son de “cumplimiento obligatorio” por todos los habitantes de una sociedad organizada en Estado, y más aún, no cabe la excusa de su desconocimiento, es decir que la ley supone que los individuos conocen las leyes.

El pacto de la Moncloa en la España post franquista tuvo, evidentemente, un resultado encomiable para el desarrollo de la democracia, y fruto de ese pacto es la estabilidad social y política, por encima de las ideologías y corrientes ideológicas. Y esa propuesta para nuestro país ya la hizo, hace algunos años, el destacado economista Flavio Machicado Saravia, que participó en los acuerdos promovidos por la Iglesia Católica, ante la renuncia del ex presidente Hernán Siles Zuazo a su mandato.

La estabilidad social y política solo puede ser posible cuando una sociedad organizada se ajusta al Estado de Derecho que, como lo dice la doctrina, tiene las siguientes características: imperio de la ley; división de los órganos o poderes del Estado; respeto y vigencia de los derechos fundamentales de los individuos; sistema de responsabilidades; control jurisdiccional de la legislación; órgano judicial independiente, y como lo dijo el filósofo Kelsen: “Todo Estado es por sí mismo un Estado de Derecho.

En el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados están sujetos al cumplimiento estricto de las leyes, y todo acto de gobierno debe estar enmarcado en la ley, lo contrario no es democracia, pues el Estado de Derecho es consustancial a la democracia.

El autor es Abogado y Politólogo.